El etarra Ángel María Tellería Uriarte abandonará de forma parcial la prisión de Zaballa (Álava) tras ser incluido por el Gobierno vasco en la lista de presos de ETA beneficiados por el artículo 100.2 del Código Penal. Según ha adelantado este lunes El Correo, Tellería podrá salir de lunes a viernes para participar en un “tratamiento asistencial”, aunque continuará en segundo grado penitenciario.
Tellería Uriarte, de 72 años, ostenta un oscuro historial en la banda terrorista. Ingresó en ETA en 1972, con apenas 18 años, y en 1974 ya formaba parte del comando “legal” Txabi Echevarrieta.
Este etarra criminal fue un militante activo durante la década de los ochenta y acumula responsabilidad en varios atentados mortales. Su condena principal, dictada por la Audiencia Nacional en 2018, es de 42 años de prisión por su participación en el asesinato de la inspectora de policía María José García Sánchez, la primera mujer policía asesinada por ETA.
La joven, de solo 23 años, fue abatida el 23 de junio de 1981 durante un operativo antiterrorista en Zarautz (Gipuzkoa). El comando al que pertenecía Tellería abrió fuego contra los agentes. Tras el crimen, el etarra huyó de la justicia española y permaneció oculto durante tres décadas en México, donde vivió de forma ilegal hasta su detención en febrero de 2017 en el estado de Guanajuato. Fue extraditado poco después y juzgado en España.
La decisión del Gobierno vasco ha generado, una vez más, polémica entre las asociaciones de víctimas del terrorismo, que consideran que este tipo de medidas suponen un acercamiento encubierto y una falta de respeto hacia los familiares de las víctimas. Tellería, que ya había sido beneficiado con progresiones de grado en años anteriores, se suma así a la lista de etarras que disfrutan de salidas diarias pese a sus condenas por delitos de sangre.
Desde su ingreso en prisión, el preso etarra ha mantenido un perfil bajo, pero su caso simboliza para muchos el debate permanente sobre la reinserción de los miembros de ETA y la aplicación flexible de la política penitenciaria a condenados por terrorismo.
