El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha generado una nueva polémica al aprobar, de forma discreta y sin apenas publicidad, una subida salarial para su presidenta, Isabel Perelló, y sus veinte vocales.
Según informa La Gaceta, la medida se adoptó en septiembre de 2025 con 18 votos a favor y tres en blanco —incluido el de la propia presidenta y dos vocales progresistas— y representa el primer gran acuerdo entre los vocales propuestos por el PP y el PSOE tras la renovación del órgano en junio de 2024.
La subida consiste principalmente en un complemento de antigüedad de 10.000 euros anuales (unos 835 euros mensuales) para los vocales que no son funcionarios, actualizando la cantidad vigente desde 1998, que era de solo 522 euros al mes.
Para los miembros del CGPJ que sí son jueces o fiscales (funcionarios), el incremento es de 62,8 euros mensuales por cada trienio completado. De esta forma, los vocales con mayor antigüedad —algunos con hasta 40 años en la carrera judicial— verán aumentada su nómina en más de 800 euros al mes.
Los sueldos base de los miembros del CGPJ ya oscilan entre los 130.000 y los 155.000 euros brutos anuales, cantidades significativamente superiores a la media de los salarios públicos en España. La decisión se enmarca en la adecuación del artículo 22.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022, que regula complementos similares para altos cargos del Tribunal Constitucional, el propio CGPJ y el Tribunal de Cuentas.
La noticia ha generado críticas inmediatas en el ámbito político. El líder de VOX, Santiago Abascal, siempre lo señala con dureza: “El menú bipartidista es la mafia o la estafa”, en alusión al pacto entre las dos principales fuerzas políticas para renovar y gestionar el órgano.
Este aumento se produce en un contexto de recurrentes debates sobre la independencia judicial, la renovación del CGPJ y la percepción ciudadana de las instituciones. Mientras los vocales argumentan que se trata de una mera actualización técnica de un complemento obsoleto, la oposición y parte de la opinión pública cuestionan la oportunidad de mejorar las retribuciones de un órgano que ya percibe salarios elevados, especialmente cuando muchos españoles enfrentan dificultades económicas derivadas de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
El acuerdo, gestado en la Comisión de Asuntos Económicos del CGPJ, refleja el clima de entendimiento bipartidista que ha imperado en el órgano desde su renovación, aunque también pone de manifiesto las tensiones internas y la sensibilidad de cualquier decisión que afecte a las condiciones económicas de sus miembros.
