El Partido Popular vasco ha denunciado públicamente que el 85% de las aplicaciones del artículo 100.2 del Código Penal, que permite flexibilizar el régimen de cumplimiento de condena y avanzar hacia la semilibertad, se están concediendo a presos de la banda terrorista ETA. Esta cifra contrasta con el hecho de que los reclusos etarras representan únicamente el 8% del total de internos en las cárceles vascas.
El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, presentó un documento en una comparecencia en Bilbao en el que acusa al Gobierno vasco y al PSOE de llevar a cabo una “excarcelación encubierta” y una “amnistía encubierta” para cumplir compromisos políticos con EH Bildu.
Según De Andrés, “es grotesco pretender que alguien crea esto”: los terroristas más sanguinarios, condenados por delitos graves como asesinatos múltiples, están recibiendo la inmensa mayoría de estos beneficios penitenciarios.
El artículo 100.2 permite compatibilizar el segundo grado con elementos del tercero, facilitando salidas diurnas y regímenes de semilibertad. Entre los casos recientes destacan el del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, ‘Txeroki’, y el de Ángel María Tellería Uriarte, condenado por el asesinato de la primera mujer policía, María José García Sánchez, quien ya disfruta de salidas de lunes a viernes.
De Andrés criticó duramente la “actitud servil” del PSOE, que ha renunciado a la “defensa de una ética democrática” a cambio de mantener el poder y blanquear a sus socios de EH Bildu.
El PP considera que se está haciendo un “uso torticero” de la administración penitenciaria y que los actos en memoria de las víctimas de ETA se están utilizando para atacar al Partido Popular en lugar de recordar a los asesinados.
La denuncia se produce en un contexto de creciente polémica por la política penitenciaria aplicada en País Vasco. El PP exige mayor transparencia y ha registrado iniciativas para endurecer la prisión permanente revisable y evitar que condenados por delitos de terrorismo accedan a estos beneficios sin cumplir íntegramente sus penas.
Las víctimas del terrorismo han expresado su malestar ante lo que perciben como un trato preferencial hacia los etarras más graves. Javier de Andrés concluyó que esta situación no responde a criterios objetivos de reinserción, sino a un compromiso político “gratuito” con EH Bildu que pone en riesgo la memoria democrática y la igualdad ante la ley.
