
Begoña Gómez no acude a la citación del juez para notificarle que su causa será con jurado popular
No aparecieron ni la imputada, ni activistas con cabestrillo. La esposa pentaimputada de Sánchez, Begoña Gómez vuelve a hacer caso omiso de una citación del juez y envió a su abogado a cumplimentar el trámite de recibir la notificación de que dirigirá su causa hacia un jurado popular.
El juez titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, citó este miércoles a las 12:00 horas a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en los Juzgados de Plaza de Castilla.
Según las informaciones disponibles, no se esperaba que Begoña Gómez, de vacaciones, acuda personalmente a la cita, porque se había solicitado ningún dispositivo especial de seguridad como las últimas veces.
Su defensa mantiene que en este tipo de diligencias —la mera notificación de la transformación del procedimiento— no es necesaria la presencia física del investigado, bastando con la asistencia de su abogado. Ya ocurrió así en comparecencias anteriores.
El objetivo de esta comparecencia es notificar formalmente a las partes su decisión de transformar la causa en un procedimiento para juicio con jurado popular, según establece la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Junto a Begoña Gómez están citados su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
La fiscalía, en contra del procedimiento
Esta es la tercera vez que el magistrado repite este trámite. En ocasiones anteriores, la Audiencia Provincial de Madrid anuló resoluciones similares por considerar que no había una argumentación suficiente sobre los indicios contra los investigados. Ahora, Peinado ha reforzado su auto para subsanar esas deficiencias y acumular en una sola causa todas las piezas de la investigación.
Begoña Gómez está imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida (de marca o software), intrusismo profesional y malversación de caudales públicos. La instrucción de la causa, que se inició en abril de 2024, acumula ya más de dos años y se encuentra en una fase avanzada.
La Fiscalía se ha mostrado en parte contraria a cómo se está llevando la instrucción, aunque el procedimiento judicial sigue su curso. Esta comparecencia es un trámite obligatorio antes de que el caso pueda avanzar hacia un eventual juicio.


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