Por intentar meter en la cárcel y destruir la vida de un profesor con una denuncia falsa, condenada a un cursillo e indemnización -que pagarán sus padres-. Una adolescente de Cartagena ha sido sentenciada por denunciar falsamente a su profesor de Biología del instituto. El docente tuvo que gastarse una elevada suma en su defensa y acabó necesitando tratamiento psiquiátrico por el daño personal que generó la denuncia falsa.
El tribunal de menores determinó que la chica, que tenía 15 años al momento de las acusaciones, cometió un delito de denuncia falsa y que sus padres deberán compensar a la víctima con 30.880,60 euros por el daño moral ocasionado.
Según expone en el veredicto, la menor declaró falsamente ante la Guardia Civil y el juzgado que cada martes, tras la última clase de Biología, el profesor suplente la sometía a tocamientos y después la drogaba para que olvidara lo sucedido.
Se inició entonces una investigación al profesor que incluyó una evaluación psicológica de la denunciante, que, según indica la sentencia, concluyó que su relato carecía de credibilidad y validez. La joven, que tenía 15 años en ese entonces, reconoció que su denuncia era falsa.
El tribunal cerró el caso un año después de su inicio, desestimando la acusación contra el profesor y abriendo un nuevo procedimiento por denuncia falsa contra la joven. El caso se remitió al tribunal de menores, dado que la acusada no había alcanzado los 18 años. En los juzgados, reconoció su delito, y se dictó sentencia conforme a su aceptación.
Según recoge La Opinión de Murcia, el juez de Menores sentenció a la joven a nueve meses (máximo), de trabajo socioeducativo, enfocado en la formación en valores. Además, se le impone una prohibición de acercamiento al docente, con quien no podrá tener contacto durante un año.
Los padres de la joven son directamente responsables por las acciones de su hija. Por lo tanto, el Juzgado de Menores dictó que los padres debían responder civilmente y compensar al afectado con 30.880,60 euros. Los progenitores apelaron ante la Audiencia Provincial de Murcia, ya que consideraban que la compensación impuesta era injusta, excesiva y desmesurada.
La Audiencia, al desestimar la apelación, destaca el sufrimiento que experimentó el profesor a causa de la denuncia «profundamente injusta» presentada por la menor: este hombre necesitó atención psiquiátrica y psicológica para intentar mitigar el gran daño personal que le causó injustamente la adolescente con la denuncia falsa.
Además también señala que el profesor tuvo que afrontar un alto coste económico para abonar «los servicios de los profesionales jurídicos que intervinieron en el procedimiento penal de adultos, en defensa del perjudicado, un proceso penal al que esta víctima se vio obligada a enfrentar por la conducta injusta y deplorable de la menor infractora».
El tribunal sostiene que no tiene importancia la situación económica actual de la familia de la menor infractora, por el enorme daño personal causado a la víctima, porque la cuestión depende de la ejecución civil de la sentencia y porque la responsabilidad civil nunca prescribe y puede ser transmitida a los herederos de quienes están obligados al pago.
