La Comunidad de Madrid no aceptará más traslados de menas sin cobertura legal

La Comunidad de Madrid ha puesto un límite claro al Gobierno de España en la gestión de los menores migrantes no acompañados. En una misiva enviada a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha comunicado que Madrid no aceptará nuevos traslados de menas al amparo del Real Decreto-ley 2/2025, al considerar que el mecanismo extraordinario de reubicación ha perdido toda cobertura jurídica una vez expirados los plazos previstos.

“La aplicación del real decreto y su desarrollo posterior han derivado, en la práctica, en un sistema de traslados que ha ignorado la necesaria coordinación con las entidades públicas de protección, la valoración individualizada de cada menor y, lo que es más preocupante, su propia voluntad y su situación familiar”, señala Dávila en la carta.

Situaciones inadmisibles

La consejera denuncia que se han producido situaciones “inadmisibles”, como la separación de grupos de hermanos o el traslado a Madrid de menores que ya manifestaban tener familiares en otras comunidades autónomas.

También critica que se hayan enviado jóvenes que contaban con un trabajo y una familia de referencia en su lugar de origen y que estaban a punto de cumplir la mayoría de edad, “abocándolos a una situación de vulnerabilidad, cuando no de auténtica marginalidad”.

Acciones legales

Dávila insta al ministro Torres a “cesar en el intento de impulsar cualquier iniciativa que pretenda mantener este sistema extraordinario fuera del marco legal”. Y advierte con rotundidad: “De no ser así, la Comunidad de Madrid ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente”.

Con esta carta, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso marca un nuevo frente en la polémica sobre la distribución de menores migrantes no acompañados y eleva la tensión con el Ejecutivo central, al que acusa de actuar al margen de la ley y sin priorizar el interés superior de los menores.