El Gobierno da luz verde a la reforma constitucional para blindar el derecho al aborto

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española con el objetivo de blindar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto, en condiciones de igualdad real y efectiva.

La medida, impulsada por el Ministerio de Igualdad, incorpora un nuevo párrafo en el apartado 43.3 que establece: “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres en la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la iniciativa como “un día importante para la democracia española” y subrayó que se trata de profundizar en el blindaje de los derechos de las mujeres. “No está en riesgo la libertad de las mujeres, pero sí su ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional”, afirmó.

Según los datos manejados por el Gobierno, el 79% de las prácticas abortivas se realizan actualmente en centros privados, frente al 20% en la sanidad pública.

Se necesita mayoría de tres quintos

La reforma se tramitará por el procedimiento ordinario del artículo 167 de la Constitución, que exige mayoría de tres quintos tanto en el Congreso como en el Senado.

En caso de discrepancia entre ambas cámaras, se crearía una Comisión Mixta; si no hay acuerdo, el texto podría aprobarse por mayoría de dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado. La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Elma Saiz, celebró que con esta medida “España se coloca a la vanguardia de los países europeos en la protección de los derechos de las mujeres”.

Sectores provida

La decisión ha generado de inmediato rechazo en los sectores provida, que consideran la reforma un “auténtico fraude de ley constitucional” al amparar el aborto bajo el derecho a la protección de la salud.

El Gobierno, por su parte, sostiene que el cambio es plenamente constitucional, tal como ha validado el Consejo de Estado, y responde a la necesidad de reconocer el derecho de las mujeres sobre su propio cuerpo y de garantizar el acceso efectivo a los servicios reproductivos en la red pública.

Esta es la primera vez que el Ejecutivo plantea una modificación constitucional específica para reforzar los derechos reproductivos desde la aprobación de la ley del aborto de 2010.