No hay un solo paso que se dé en torno a la recuperación de la bahía de Portmán que no esté envuelto en polémica. A las décadas de retrasos, los cambios de criterio técnico y los enfrentamientos políticos se suma ahora un nuevo frente: el modelo de adjudicación de unas obras clave para cerrar una de las mayores heridas ambientales del Mediterráneo.
En este contexto de máxima tensión, como señala LA OPINIÓN, la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom) ha elevado este lunes el tono contra el Ministerio para la Transición Ecológica ante la posibilidad de que las obras se encarguen directamente a la empresa pública Tragsa mediante una encomienda de gestión, sin concurso abierto. La organización empresarial considera que esta decisión supondría "hurtar la obra a la libre competencia" y reclama "luz y taquígrafos" en un proyecto que califica de estratégico para la Región.
El posicionamiento llega en un momento decisivo. Tras el anuncio reciente del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de que la propuesta técnica definitiva llegará entre finales de este mes y mediados de mayo —y en plena controversia por el cambio de enfoque hacia el sellado de residuos frente al dragado—, este martes se celebrará una reunión clave en Madrid. El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, se encontrarán con el propio Morán en la sede del Ministerio para abordar el futuro de la bahía. Una reunión que se aventura difícil y poco conciliadora.
Frecom ha mostrado su "rotundo rechazo" a los planes del Ministerio que han trascendido en las últimas horas y ha reivindicado el papel del tejido empresarial murciano en una actuación de gran complejidad técnica.
Su presidente, José Hernández, ha advertido de que Portmán "lleva décadas esperando una solución definitiva" y ha criticado que se opte por evitar el concurso público. En palabras del dirigente empresarial, "las empresas de nuestra Región y nuestro país tienen la tecnología, el talento y la innovación necesarios para asumir este reto", por lo que considera innecesario recurrir a una empresa pública. "No necesitamos que el Ministerio traiga a su constructora de cabecera para ejecutar lo que las empresas murcianas están sobradamente preparadas para hacer", ha afirmado.
La Federación sostiene que el uso de medios propios por parte de las administraciones se ha convertido en una práctica habitual que distorsiona el mercado. Según argumenta, no solo limita la libre concurrencia, sino que genera una competencia desigual, al beneficiarse estas empresas de condiciones fiscales distintas —como la no aplicación del IVA— y acabar, en muchos casos, subcontratando a compañías privadas para ejecutar los trabajos.
