Tres meses y medio después de anunciar su renuncia a seguir trabajando con repartidores autónomos, Uber Eats acaba de dar un paso más para cerrar la investigación de la Inspección de Trabajo por haber operado bajo este modelo al aceptar la deuda de unos 110 millones de euros que este organismo le reclama como cotizaciones sociales pendientes por haber contratado en los últimos años a 60.000 autónomos para hacer de repartidores.
Así lo comunica la compañía en un escrito que ha remitido en los últimos días a la Inspección, según explican a la Ser fuentes conocedoras de la investigación y confirma la empresa.
Estos 110 millones es la cuantía que la Inspección reclamó a Uber Eats en concepto de cotizaciones a la Seguridad Social que corresponderían a los repartidores que la compañía contrató como autónomos pero que el organismo considera que en realidad deberían haber sido asalariados en cumplimiento de la ley Rider.
Son alrededor de 60.000 trabajadores que repartieron para Uber en algún momento entre 2022 y 2025 Uber comunicó a principios de año que renunciaba al modelo mixto con el que ha estado operando en los últimos años. “Hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos” decía Uber Eats en un comunicado emitido entonces en el que reafirmaban “su compromiso con el cumplimiento de la ley Rider”.
El anuncio se produjo después de que el Ministerio de Trabajo advirtiera que no descartaba activar la vía penal contra la compañía por incumplir, al parecer del ministerio, algunos de los preceptos de la ley. Un paso, el de recurrir a los tribunales, que Trabajo activó en el caso de Glovo.
