El Tribunal de Cuentas ha confirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez desvió 2.389,4 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para financiar pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos en 2024.
Esta maniobra, revelada en la Declaración de la Cuenta General del Estado de ese ejercicio, se justificó por la «insuficiencia de crédito presupuestario» derivada de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) desde 2023, que infravaloró en 1.008,4 millones las obligaciones en pensiones.
En noviembre de 2024, el Ejecutivo autorizó dos modificaciones presupuestarias por ese importe total, utilizando créditos sobrantes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al considerar que no comprometían el cumplimiento de los objetivos europeos ni la absorción de fondos.
Sin embargo, el organismo fiscalizador advierte que esta actuación se basó en fundamentos jurídicos «que deberían haber quedado mejor justificados«, dada la «incertidumbre» sobre las limitaciones al uso de esos créditos para gastos corrientes fuera del PRTR. Un voto particular de un consejero del Tribunal resalta que la normativa solo permite transferencias internas dentro del PRTR para garantizar su ejecución.
Esta práctica choca frontalmente con el criterio de Bruselas, que se opone firmemente a destinar las ayudas post-pandemia —pensadas para transformar la economía— a gasto corriente como pensiones. El desvío pone en evidencia las tensiones presupuestarias del Gobierno, con créditos definitivos que superaron en 77.341,9 millones a los iniciales, financiados en un 95% por aumento de la deuda pública. Hacienda, entonces bajo María Jesús Montero, alegó «excepcionalidad» y uso de «importes excedentarios», pero el Tribunal insta a correcciones para futuras cuentas.
La oposición ya critica esta decisión como un «maquillaje contable» que hipoteca la recuperación económica. Fuentes del PP señalan que distorsiona la realidad presentada a la UE y agrava la dependencia de la deuda. Mientras, el Gobierno defiende su legalidad, aunque el escrutinio europeo podría complicar nuevas entregas de fondos.
Este caso ilustra los riesgos de las prórrogas presupuestarias crónicas, que obligan a improvisaciones financieras cuestionables. Expertos advierten que erosiona la credibilidad española ante Bruselas y complica la senda de estabilidad fiscal.
