La Fiscalía ha presentado en el Tribunal Supremo un informe que respalda el indulto de Álvaro García Ortiz.
El trámite del indulto a Álvaro García Ortiz vuelve a dejar en evidencia la doble vara de medir con la que actúa parte del aparato institucional cuando se trata de proteger a los suyos. La Fiscalía, lejos de asumir con normalidad una condena dictada por el Tribunal Supremo, ha optado por respaldar una medida de gracia que muchos interpretan como un intento de blanquear un fallo que ya supuso una grave mancha para la credibilidad de la institución.
La teniente fiscal del Supremo sostiene que la condena ha provocado “consecuencias extrapenales intensas y desproporcionadas”.
Es un argumento que, en la práctica, intenta convertir en víctima al condenado y minimizar la gravedad de una revelación de secretos que afectó a derechos básicos y a la confianza en la Justicia. El mensaje es inquietante: cuando el condenado es una figura vinculada al poder, el progresismo judicial parece inclinarse por la indulgencia antes que por la ejemplaridad.
«El indulto parcial que le puede ser otorgado tiene efectos limitados al mantenerse la condena penal, produciendo una minoración de la duración de la pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado. Dicha minoración comporta, en exclusividad, el acortamiento de los plazos para la cancelación de los antecedentes penales con las consecuencias a ello inherentes en la vida civil y desarrollo profesional», argumenta.
Por otro lado, García Ortiz ha recurrido por «indebida» la tasación de costas procesales en 39.000 euros calculada por el Tribunal Supremo, mientras que González Amador ha reclamado que esa petición sea rechazada y tenga que abonarlas.
El caso, además, no puede leerse al margen del clima político que lo rodea. La iniciativa de indulto ha sido tramitada tras la petición de dos particulares y con el informe del Supremo sobre la mesa, pero la presión mediática y política vuelve a situar al Gobierno y a su entorno en el centro de una operación que huele más a protección corporativa que a verdadera justicia. Mientras tanto, la condena del Supremo sigue siendo clara: dos años de inhabilitación por revelación de secretos.
Lo más grave no es solo el intento de revertir la pena, sino la normalización de un relato en el que las consecuencias de delinquir se presentan como un daño colateral intolerable, siempre que el afectado pertenezca al círculo ideológico correcto. Esa lógica, profundamente sesgada, erosiona la igualdad ante la ley y refuerza la sensación de que en España algunos nunca pagan del todo por sus actos.
