El panorama político y judicial español se ha visto sacudido hoy tras el anuncio de Emilio Montilla, quien ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía Europea contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Montilla es cordobés afincado en Madrid. Profesional del sector financiero. Liberal, crítico e idealista. Su acusación se centra en el presunto desvío de un total de 10.890 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU, los cuales habrían sido utilizados por el Ejecutivo para financiar gasto corriente ordinario en lugar de las inversiones estructurales para las que fueron aprobados.
Según ha detallado Montilla a través de sus canales oficiales, el escrito presentado solicita una investigación exhaustiva sobre si el Gobierno de España ha vulnerado los intereses financieros de la Unión Europea.
La cifra denunciada se desglosa en dos periodos: 2.389,4 millones de euros detectados por el Tribunal de Cuentas en el ejercicio 2024, y otros 8.500 millones de euros correspondientes a 2025, destinados presuntamente a cubrir el déficit en el pago de pensiones y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ante la falta de presupuestos generales.
Montilla ha calificado la situación de «escándalo monumental«, argumentando que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) tenían como objetivo exclusivo la transformación económica, la transición energética y la digitalización del país. «Los fondos europeos no se aprobaron para sostener el agujero presupuestario del Gobierno, sino para financiar el futuro de España», ha subrayado.
En su denuncia, advierte además sobre las graves consecuencias macroeconómicas que esto podría acarrear. Si Bruselas dictamina que el uso de este dinero no se ajusta a la normativa comunitaria, España podría verse obligada a devolver las cuantías íntegras, lo que generaría un «agujero colosal» en las cuentas públicas.
La crítica de Montilla no solo es legal, sino también de gestión. Señala que este capital debería haber impulsado infraestructuras críticas que el país demanda con urgencia, como el refuerzo de la red eléctrica, la modernización de las vías ferroviarias o la construcción de nuevas promociones de vivienda pública. En su lugar, denuncia que el Ejecutivo ha optado por el «reparto de paguitas» y el sostenimiento de un sistema de pensiones que califica de «insostenible» bajo este modelo de financiación.
Con la entrada de la Fiscalía Europea en escena, se abre un proceso que determinará si el uso de los fondos de recuperación en España ha cruzado la línea de la legalidad comunitaria, poniendo en jaque la gestión económica de la ministra Montero y la credibilidad financiera del país ante las instituciones europeas.
