Alrededor de 200 presos vinculados al terrorismo yihadista han sido excarcelados en España desde 2022 tras cumplir sus condenas o agotar el plazo máximo de prisión preventiva. Una parte significativa de estos yihadistas continúa radicalizada, lo que ha obligado a las autoridades a mantenerlos bajo estricta vigilancia para prevenir posibles reincidencias o acciones de captación.
Según el último Informe Anual del Departamento de Seguridad Nacional, 176 internos relacionados con el yihadismo han abandonado las prisiones entre 2022 y 2025. A esta cifra se suman las liberaciones registradas en lo que va de 2026. Así lo ha adelantado VozPópuli.
El documento, que recoge datos de los servicios de información e inteligencia, alerta de que muchos de estos individuos “mantienen su ideología” una vez en libertad. Cuando no es posible su expulsión del territorio nacional, se activan medidas de libertad vigilada y controles específicos para limitar su capacidad de influencia y reducir el riesgo terrorista.
En la actualidad, 85 personas cumplen condena por delitos de terrorismo yihadista en cárceles españolas. Además, otros 152 presos comunes se encuentran bajo investigación por extremismo islamista. Las prisiones siguen siendo uno de los principales focos de preocupación: el aislamiento, la influencia de líderes radicales y las fracturas étnico-religiosas favorecen procesos de radicalización interna y la formación de redes.
Los perfiles de los excarcelados son variados: desde autoadoctrinados hasta captadores o miembros activos de estructuras terroristas. Su puesta en libertad supone un desafío para la seguridad nacional, especialmente en un contexto de amenaza persistente tanto del Daesh como de Al Qaeda y sus filiales.
El informe también actualiza la situación de los Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE). España mantiene bajo seguimiento a 288 desplazados a zonas de conflicto: 111 continúan en esas áreas, 72 han retornado y 105 han fallecido. El retorno de personas con experiencia de combate, especialmente desde Siria o los nuevos focos africanos, incrementa el riesgo de reorganización de células.
Paralelamente, la propaganda yihadista ha evolucionado. Las organizaciones terroristas aprovechan internet, redes sociales, mensajería cifrada, videojuegos y herramientas de inteligencia artificial para captar y adoctrinar, especialmente a jóvenes y menores, acortando los tiempos de radicalización.
El ISKP (Estado Islámico de la Provincia de Jorasán) destaca por su sofisticada estrategia comunicativa, con contenidos adaptados a estéticas juveniles.
La financiación del terrorismo también se ha diversificado: combina fuentes legales, donaciones, criptomonedas y el uso de ONGs o campañas humanitarias para canalizar fondos hacia estructuras yihadistas.
Ante este panorama, las autoridades españolas han reforzado la cooperación internacional y los mecanismos de control en el espacio Schengen. Sin embargo, la excarcelación masiva de radicalizados plantea un reto estructural que exige mayor coordinación entre servicios de inteligencia, Instituciones Penitenciarias y Fuerzas de Seguridad del Estado.
La amenaza yihadista, aunque contenida, sigue latente en un país que ha sufrido en carne propia atentados como los del 11-M y Barcelona-Cambrils. La vigilancia permanente de estos excarcelados se ha convertido en una de las prioridades de la seguridad nacional.
