España ha roto su techo de gasto militar, pero el «dividendo de la paz» no parece haber llegado a los bolsillos de quienes visten el uniforme. A pesar de que la inversión en Defensa ha escalado hasta superar los 34.000 millones de euros en 2025 —alcanzando por fin el ansiado 2,1% del PIB—, las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas siguen siendo el pariente pobre de las cuentas públicas. Menos del 2% del presupuesto total se ha destinado a mejorar unos salarios que, en muchos casos, apenas rozan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Las asociaciones profesionales, como ATME y AUME, han alzado la voz ante lo que consideran un agravio comparativo flagrante.
Mientras el Ejecutivo recurre a los militares para gestionar cualquier crisis —desde la borrasca Filomena y la erupción de La Palma hasta la reciente alerta por hantavirus en un crucero—, la recompensa económica no guarda proporción con la exigencia. “Nos usan como mano de obra barata”, lamentan a ABC sus representantes, subrayando que el personal es siempre el primero en salir a la calle y el último en la lista de prioridades presupuestarias.
Las cifras son frías para Defensa: las mejoras aprobadas para 2025 suponen, en el mejor de los escenarios, un incremento de unos 340 euros al mes. Esta cifra se queda muy corta frente a los 800 euros de aumento lineal que exigen las asociaciones para equiparar sus nóminas a las de la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Actualmente, un soldado recién formado percibe unos 1.326 euros, una cantidad que complica la conciliación y el acceso a la vivienda en destinos de alto coste.
El contraste en Defensa es especialmente agudo al observar las partidas destinadas a la industria. El Gobierno ya ha comprometido 68.914 millones de euros en programas futuros, incluyendo los 3.000 millones para los nuevos aviones de entrenamiento Hürjet (el futuro Saeta II).
Además, el Consejo de Ministros aprobó recientemente una ampliación de crédito de 1.330 millones bajo el epígrafe de “necesidades ineludibles”, una opacidad que ha despertado las críticas de la oposición.
“Vemos pasar ingentes cantidades de dinero por delante de nosotros, pero nadie se acuerda de nuestras retribuciones”, denuncia a ABC Marco Antonio Gómez, presidente de ATME.
El riesgo de este modelo es evidente: la falta de atractivo laboral. Con un régimen retributivo precario y una carga de disponibilidad absoluta, las asociaciones advierten de que las Fuerzas Armadas dejarán de ser una opción viable para los jóvenes. Si la tendencia no se invierte, España tendrá la tecnología militar más avanzada de su historia, pero carecerá del personal motivado necesario para operarla.
