Según una exclusiva publicada por The Objective, José Luis Rodríguez Zapatero habría percibido mordidas de millones de euros mientras se beneficiaba de un costoso entramado de fondos y servicios públicos como expresidente del Gobierno. Junto a sus socios y presuntos testaferros, podría haber acumulado hasta 15 millones de euros, parte de ellos en bitcoins y oro, según fuentes de la investigación de la Audiencia Nacional.
El Real Decreto 405/1992, aprobado durante el gobierno de Felipe González, garantiza a los expresidentes un salario vitalicio cercano a los 100.000 euros anuales, además de asistentes personales, despacho, vehículos oficiales con conductor, escoltas y libre pase en transportes del Estado.
Según cálculos de un experto en Hacienda, solo en diez años el coste para las arcas públicas superaría los diez millones de euros, incluyendo salarios de colaboradores, gastos de oficina y desplazamientos internacionales, especialmente a Venezuela.
La investigación del juez José Luis Calama sitúa a Zapatero en el centro de una trama de corrupción relacionada con el caso Plus Ultra. Su secretaria, Gertrudis Alcázar, tendría un papel clave. Las pesquisas apuntan que el expresidente usó supuestamente contactos con el régimen de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez para obtener comisiones, al tiempo que mantenía su imagen de mediador internacional.
En su última declaración de bienes como presidente, Zapatero declaró un patrimonio de apenas 209.000 euros. Hoy se estima que sus bienes rondarían entre 4 y 6 millones de euros, lo que ha despertado las sospechas de los investigadores sobre el origen de su fortuna.
La información también pone el foco en el Gobierno de Pedro Sánchez. Varios ministros aprobaron el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea vinculada al chavismo, en un momento en el que Zapatero supuestamente intermediaba. La UDEF ha documentado pagos y conexiones que complican el panorama político.
Esta exclusiva reabre el debate sobre los privilegios de los expresidentes y la necesidad de mayor transparencia y control en el uso de recursos públicos. La Audiencia Nacional continúa las investigaciones, que podrían tener consecuencias políticas de gran calado.
