El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sospecha que varios de los investigados en la trama de las prótesis del Servicio Murciano de Salud (SMS) pudieron desviar dinero de sus cuentas en los últimos años. Así se desprende del atestado de la UDEF al que ha tenido acceso La Opinión y en el que se detalla, en el marco de la investigación que se sigue en este caso de presunto fraude, que "se han hallado ciertas anomalías en la investigación patrimonial de varios de los investigados".
Ante esta sospecha, señala La Opinión, la Policía considera que podría ser necesario realizar un análisis de los movimientos de las cuentas bancarias de estos, en aras de "determinar el origen y destino de posibles cantidades irregulares de dinero". La UDEF va un paso más allá y plantea que habría que solicitar el auxilio de la Agencia Tributaria, valorándose incluso la posibilidad de abrir una pieza separada.
En el marco de esta operación, en la que la UDEF ha contado con la colaboración de los Servicios de Inspección de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, han sido detenidas once personas e investigadas otras dos, por su presunta participación en un fraude millonario al SMS.
Entre los implicados hay un cirujano cardiovascular de la Arrixaca que realizaba operaciones en un hospital concertado, el comercial de una empresa suministradora de prótesis y material sanitario, así como varios funcionarios sanitarios y trabajadores de la Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI) o Central de Compras del SMS. A los investigados se les imputan hasta cinco delitos: falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, contra la salud pública y pertenencia a organización criminal.
El atestado policial que ha sido remitido al juzgado que lleva el caso propone que se inicie una investigación patrimonial detallada sobre "el destino desconocido de cierto patrimonio" de algunos de los investigados. En concreto, se detalla que el cirujano R.T.M. del Hospital Virgen de la Arrixaca ingresó entre 2019 y 2025, una vez descontadas las retenciones, un total de 517.450 euros, una cantidad que los investigadores dicen que "contrasta enormemente" con el saldo de sus cuentas bancarias en diciembre de este pasado año 2025, cuando en ellas solo había 5.837 euros.
En su caso también señalan que únicamente tiene una propiedad inmobiliaria valorada catastralmente en 154.879 euros y tres vehículos, adquiridos los tres en un periodo muy corto de tiempo, entre agosto de 2023 y marzo de 2024.
Menciona la UDEF que el jefe de sección de la Arrixaca A.C.A., también investigado, presentó en su entidad bancaria una carta de pago y cancelación de 300.000 euros en julio de 2024; mientras que el responsable de la Unidad de Aprovisionamiento Integral V.F.G. pagó 154.450 euros por la compraventa de un inmueble en abril de 2023, financiando el resto.
