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title: "El Tribunal Supremo confirma tres años de cárcel para el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez"
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description: "La Sala de lo Penal ratifica la condena por prevaricación y falsedad documental por las irregularidades en la subvención y construcción del espacio escénico"
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  - "caso Auditorio"
  - "Pedro Antonio Sánchez"
  - "Puerto Lumbreras"
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category_description: "Noticias y actualidad de la Región de Murcia ESPAÑA"
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# El Tribunal Supremo confirma tres años de cárcel para el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez

**El Tribunal Supremo ha confirmado de manera definitiva la pena de tres años de prisión para el expresidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez López, por la comisión de delitos de prevaricación y falsedad documental** en el marco de la tramitación del teatro-auditorio de Puerto Lumbreras, municipio del que fue alcalde.

La sentencia de la Sala de lo Penal desestima así el recurso interpuesto por la defensa del exdirigente del Partido Popular contra el fallo dictado en marzo de 2023 por la Audiencia Provincial de Murcia. La resolución ratifica además la pena de 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público, junto al pago de una multa de 3.600 euros.

### Irregularidades en la subvención y el proyecto

Los magistrados consideran probado que, a partir del año 2005, el entonces regidor incurrió en graves ilegalidades para solicitar y justificar una subvención autonómica de seis millones de euros destinada a la infraestructura cultural. Entre los hechos acreditados, el Supremo destaca que Sánchez encargó verbalmente y sin expediente de contratación la redacción del anteproyecto a un arquitecto, enviando posteriormente documentación a la Consejería de Cultura en la que afirmaba falsamente disponer de los terrenos necesarios para la obra.

Asimismo, la resolución judicial subraya que en diciembre de 2007 el exalcalde solicitó el abono del segundo tramo de la subvención alegando el ritmo de ejecución de los trabajos, a pesar de ser plenamente consciente de que "no existía ni proyecto alguno sobre la parcela, ni se había iniciado concurso de proyectos, ni expediente de contratación, ni mucho menos ejecución de obra alguna". Ante la inviabilidad técnica del diseño inicial, los implicados acordaron confeccionar un proyecto modificado para justificar el gasto ante la Administración autonómica y evitar la devolución de los fondos, aunque ello implicara dejar el edificio inacabado.

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