La Audiencia Nacional ha dado un giro tecnológico y drástico en la investigación que afecta a la cúpula del PSOE. El juez Santiago Pedraz ordenó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la localización e incautación de cualquier dispositivo que pudiera contener criptomonedas cifradas en la sede central de Ferraz.
Los agentes, que extendieron el registro durante más de doce horas, tenían el mandato de volcar el contenido de estos monederos virtuales y transferir los fondos a una cuenta judicial segura.
Esta exhaustiva inspección en despachos, garajes y trasteros responde a las sospechas de que el partido pudo haber financiado a una red de ‘cloacas’ destinada a desestabilizar los procedimientos judiciales que cercan al Ejecutivo.
En la causa ya se encuentran imputados destacados nombres como Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, y la gerente de la formación, Ana María Fuentes. A los implicados se les atribuyen graves delitos que van desde organización criminal y cohecho hasta tráfico de influencias y falsedad documental.
Más allá de los activos digitales y el dinero en efectivo, el operativo judicial puso el foco en la incautación de documentación mercantil y el volcado de las redes sociales administradas por los investigados. Un elemento que los investigadores consideran crucial es el análisis del correo electrónico de una empleada de la sede, cuyo terminal presuntamente registraría un continuo trasiego de dinero en metálico vinculado al ‘caso Koldo’.
Este requerimiento sobre activos criptográficos en el seno de un partido político sigue la estela de otras medidas recientes de la Audiencia Nacional, evidenciando el rastro digital como un objetivo prioritario para los magistrados en los casos de presunta corrupción económica y financiación ilícita.
