La reforma del Estatuto Marco impulsada por la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detonado una revuelta inesperada: la del colectivo de enfermería, tradicionalmente más moderado en sus reivindicaciones y que hasta ahora había mantenido una relación relativamente estable con el Ministerio.
El sindicato Satse, mayoritario en el sector, ha denunciado que el texto aprobado por el Consejo de Ministros no se corresponde con el que se pactó en enero, calificando la maniobra como una “traición” y un “atropello injustificado”.
Según la información publicada por El Mundo, el Ministerio habría introducido cambios sustanciales sin consultar a los profesionales, pese a que el borrador original se presentó como fruto de más de tres años de trabajo conjunto. Satse denuncia que se han eliminado avances comprometidos, especialmente en materia de jubilación anticipada y parcial, dos reivindicaciones históricas del sector sanitario debido a la dureza física y emocional de su labor.
El sindicato subraya que el nuevo texto no garantiza el acceso real a la jubilación parcial, ni recoge de forma efectiva la posibilidad de regular la jubilación anticipada por penosidad. Además, critica modificaciones retributivas que considera “perjudiciales” y que, según afirman, rompen el equilibrio negociado.
La ministra Mónica García, que en enero posaba junto a los representantes sindicales defendiendo un acuerdo “artesanal” y “consensuado”, se enfrenta ahora a un escenario de desconfianza total. Satse advierte de que está valorando “todo tipo de medidas de reacción”, lo que abre la puerta a movilizaciones en un sector clave para el funcionamiento del sistema sanitario.
El malestar se agrava por la sensación de que el Gobierno ha actuado unilateralmente, ignorando los cauces legales de negociación y dejando de lado a las comunidades autónomas, responsables directas de la gestión sanitaria. Satse exige que se respete el papel del Ámbito de Negociación y que se rectifique antes de que la reforma avance.
La crisis llega en un momento especialmente delicado para el Ministerio, ya enfrentado a los médicos y ahora también a los más de 227.000 profesionales de enfermería del Sistema Nacional de Salud.
