El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a recurrir a su ya habitual estrategia de negación y distancia ante los escándalos que salpican a su partido. Esta vez, la llamada trama de las cloacas del PSOE, presuntamente dirigida por su mano derecha Santos Cerdán y ejecutada por la militante Leire Díez, ha obligado al jefe del Ejecutivo a pronunciarse desde Montenegro, donde participa en la Cumbre UE-Balcanes Occidentales.
Sánchez aseguró que “ni avaló ni tuvo conocimiento” de las actividades descritas por la UCO en un informe demoledor incorporado al sumario que instruye el juez Pedraz. Según los investigadores, la red actuaba de forma coordinada para “proteger los intereses” de miembros del Gobierno, incluido el propio presidente. Aun así, Sánchez insiste en que jamás habría tolerado nada semejante.
El problema para el líder socialista es que los hechos contradicen su relato. El Ejecutivo negó durante días las reuniones entre Leire Díez y Mercedes González, directora de la Guardia Civil y persona de máxima confianza del presidente. Finalmente, González se vio obligada a admitir esos encuentros mediante un comunicado a deshoras, dejando en evidencia al Ministerio del Interior y al propio Gobierno.
Pese a ello, Sánchez mantiene su apoyo a González, calificando su labor de “muy positiva”, mientras el ministro Marlaska introduce matices que aumentan la incertidumbre sobre su continuidad. La sensación de descontrol interno es evidente.
El informe de la UCO recoge además mensajes en los que Díez alude a órdenes de ‘el One’, término que los investigadores interpretan como una referencia al propio Sánchez. El presidente lo niega tajantemente, pero la sombra de duda se agranda.
Mientras los servicios jurídicos del PSOE “analizan” si emprender acciones legales contra Díez —algo que sorprende, dado el escándalo—, Sánchez se declara “indignado” y “preocupado”. Sin embargo, su reacción llega tarde y su defensa suena a maniobra desesperada para contener un incendio que avanza hacia la puerta de La Moncloa.
