El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha vuelto a poner el foco en la política migratoria europea tras sus declaraciones sobre el Vaticano, asegurando que “la Santa Sede no deja entrar inmigración ilegal” y que “sería deseable que España aplicara el mismo principio de orden y coherencia”.
Las palabras de Abascal, difundidas por Europa Press y amplificadas en redes sociales por la periodista María Ballesteros —quien compartió el vídeo y lo calificó de “demoledor”—, han generado un intenso debate sobre el papel de la Iglesia en la gestión de la inmigración y la seguridad fronteriza.
“En la Ciudad del Vaticano está prohibida la inmigración ilegal. Multas de 25.000€ Cárcel de 1 a 4 años. Expulsión y prohibición de entrada al Vaticano en 15 años. Sin embargo, el Papa insiste en que rechazar a los inmigrantes es un pecado grave. El chiste se cuenta solo”.
Además, Abascal defendió que “no se puede predicar la acogida sin garantizar el control”, y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de fomentar un efecto llamada que, según él, “ha multiplicado los casos de inseguridad y desorden en las calles españolas”.
En su intervención, el líder de VOX instó a distinguir entre el discurso moral y la práctica institucional, señalando que “el Vaticano, pese a sus mensajes de fraternidad, mantiene una política estricta de acceso y residencia”.
En este sentido, las declaraciones sobre el Papa se producen en un contexto de creciente tensión política por los flujos migratorios en el Mediterráneo y los recientes incidentes en ciudades como Valencia y Almería. VOX ha insistido en que la inmigración irregular “no puede ser tolerada bajo ningún pretexto religioso o humanitario” y ha pedido reforzar las fronteras y los acuerdos de repatriación.
Desde sectores progresistas y eclesiásticos se ha respondido que el mensaje de Abascal “tergiversa el sentido del Evangelio” y que la Iglesia “no gestiona fronteras, sino personas”. Sin embargo, el discurso del líder de VOX ha calado entre sus simpatizantes, que lo interpretan como una llamada a la coherencia institucional frente a lo que consideran una hipocresía política y moral.
