La Asamblea Regional inicia el debate de la nueva Ley de Universidades de Murcia

El proyecto de Ley de Universidades de la Región de Murcia ha iniciado su debate parlamentario en la Asamblea Regional con la sesión de toma en consideración, en la que ha intervenido el consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez. El texto, que incluye 110 artículos, plantea la actualización de la normativa autonómica de 2005 y contempla, entre otras medidas, la creación del Consejo de Estudiantes y planes de accesibilidad integral. A la sesión asistieron los rectores de la UMU, la UPCT y la UCAM, Samuel Baixauli, Mathieu Kessler y Josefina García, respectivamente.

La propuesta adapta la legislación regional a la Ley Orgánica del Sistema Universitario y a la normativa estatal sobre ciencia, tecnología e innovación, con atención a la autonomía universitaria. El texto configura el Consejo de Estudiantes como un cauce estable de consulta, representación y propuesta, y aborda los derechos y deberes del estudiantado, las becas, la movilidad, la iniciación a la investigación y las habilidades transversales. Recoge además, por primera vez en una ley regional, el vínculo de los egresados con sus universidades mediante las comunidades alumni.

En materia de discapacidad, diversidad y accesibilidad, la ley de universidades de Murcia contempla servicios de atención, formación periódica y consejos asesores con participación del estudiantado y de entidades especializadas. Estas previsiones, junto con los planes de accesibilidad integral, abarcan las necesidades de apoyo desde el acceso a los estudios hasta su finalización.

Gobernanza y financiación de las universidades

El proyecto define el contenido del Plan Plurianual de Financiación de las universidades públicas, sus criterios de distribución, los indicadores de seguimiento y los mecanismos de revisión. Recoge los principios de suficiencia financiera, eficiencia y corresponsabilidad, la atención a las necesidades estructurales y singulares de cada institución y la vinculación de parte de los recursos a objetivos evaluables.

En gobernanza, aborda la función de los consejos sociales como espacios de relación entre universidad y sociedad. También diferencia el régimen de las universidades públicas y privadas y establece garantías para ordenar centros y enseñanzas. La planificación de la oferta deberá valorar la demanda, la especialización y la complementariedad entre instituciones.

Investigación y transferencia de conocimiento

El proyecto contempla la colaboración con las empresas y otros agentes del conocimiento, el emprendimiento, la empleabilidad y la formación a lo largo de la vida. Esto se relaciona con la generación de conocimiento y su aplicación en ámbitos como la salud, la agroalimentación, la industria, la energía y el medio ambiente, junto con la contribución de las humanidades y las ciencias jurídicas y sociales.

La propuesta fomenta también las alianzas europeas, las competencias lingüísticas, la movilidad y la cooperación científica. En su dimensión territorial, recoge la actividad de los campus de Lorca y San Javier y la colaboración entre universidades para compartir capacidades, infraestructuras y proyectos, con referencia al Campus Mare Nostrum.

Durante el debate se abordó asimismo la digitalización y la inteligencia artificial en la docencia y la investigación, con atención a la integridad académica, la protección de datos, el análisis de los sesgos y la reflexión ética. La futura Ley regional de la Ciencia se planteó como marco complementario en materia de investigación.

Tramitación y participación

La consulta pública previa recibió 221 aportaciones de 95 participantes. Posteriormente se desarrollaron los trámites de audiencia e información pública, con la participación de universidades, estudiantes, representantes del personal, agentes sociales y económicos y otras entidades. El expediente incluyó los pronunciamientos del Consejo Interuniversitario y del Consejo Asesor Regional de Formación Profesional, además de los dictámenes del Consejo Económico y Social y del Consejo Jurídico, antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno y su remisión a la Asamblea.