Los informes de los especialistas en Extranjería calculan que se regularizará al menos a un millón de inmigrantes irregulares y que cada uno arrastrará a cuatro supuestos familiares. De esta manera, aumentará a 14,5 millones el número de los nacidos fuera de España.
Lo cierto es que Interior permitió la regularización de dos millones de inmigrantes en diez años, según informes internos de la Policía.
Los documentos revelan un crecimiento sin precedentes en autorizaciones, reagrupaciones de inmigrantes y permisos humanitarios, con alertas internas sobre fraude, saturación administrativa y falta de control efectivo
La Dirección General de la Policía ha elaborado varios informes internos que revelan que, en la última década, más de dos millones de inmigrantes han sido regularizados, reagrupados o autorizados a residir en España mediante distintos procedimientos administrativos. La información, publicada por El Español, muestra un incremento sostenido y sin precedentes en la concesión de permisos, especialmente desde 2018.
Los documentos analizados por el medio señalan que el volumen de expedientes tramitados —incluyendo arraigos, reagrupaciones familiares, protecciones humanitarias, renovaciones y autorizaciones excepcionales— ha crecido de forma exponencial, generando alertas internas sobre la capacidad del sistema para verificar la autenticidad de la documentación presentada y garantizar un control adecuado.
Uno de los puntos más sensibles es el aumento de las reagrupaciones familiares, que según los informes se ha disparado en los últimos años, especialmente entre nacionales de Marruecos, Argelia, Venezuela y varios países del África subsahariana.
La Policía advierte de que este mecanismo se ha convertido en una de las principales vías de entrada legal, con indicios de fraude documental en un porcentaje significativo de los expedientes.
Los informes también señalan que la presión migratoria ha provocado colapsos administrativos en oficinas de extranjería, retrasos de meses y dificultades para realizar comprobaciones presenciales. En algunos territorios, la saturación ha obligado a priorizar expedientes sin capacidad de verificación exhaustiva.
El Español destaca que estos datos internos contrastan con el discurso oficial del Gobierno, que insiste en que la política migratoria española es “ordenada y garantista”. Sin embargo, los informes policiales alertan de que el ritmo actual de regularizaciones y reagrupaciones podría comprometer la capacidad de control y supervisión del Estado.
