Los romanos, no los actuales habitantes de la capital italiana sino la civilización que luchó contra los carthagineses por el control del Mediterráneo, se han convertido en una nueva piedra en el zapato del Gobierno Local, ya que la presencia de restos de plomo provenientes de sus labores en calle Morería ha provocado que un juez paralice las obras de acondicionamiento que el Ayuntamiento está realizando, más de un año después de haberlas anunciado y con advertencia expresa de la alcaldesa a los colectivos que intentaran frenarlas sobre sanciones económicas.
Como confirma La Opinión, el juzgado de Instrucción de Cartagena ordenó el 5 de junio paralizar las obras de la calle Morería en Cartagena para realizar una inspección ocular y reconocimiento judicial con toma de muestras por parte del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), instando a este cuerpo a tomar especiales precauciones por la posible implicación de Administraciones Públicas en los delitos denunciados y que se están investigando.
Este lunes un equipo de la Benemérita acompañado por una delegación judicial ha acudido hasta la zona, donde una empresa concesionaria está realizando las obras subcontratadas por el Ayuntamiento de Cartagena, para tomar las muestras requeridas por el juzgado.
La Asociación Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete presentó una denuncia fundamentada en cuatro extremos concurrentes: la previsión expresa de movimientos de tierra, excavaciones, acopios, transporte y gestión externa de materiales; la clasificación apriorística de las tierras y pétreos de excavación como residuos no contaminados, y destino a restauración o vertedero; la existencia de indicios analíticos objetivos y muy significativos de contaminación histórica por plomo en el mismo sistema urbano-lagunar Almarjal-Molinete, con valores extraordinariamente elevados; y la ausencia, en la documentación examinada, de una caracterización específica del material realmente afectado por la obra y de una evaluación preventiva singularizada del riesgo químico para trabajadores y terceros.
Asimismo, la asociación recuerdan que no hubiera sido necesaria la actuación judicial si el Ayuntamiento hubiera eliminado del proyecto cualquier movimiento de tierras, que prevé para meter soterrado cableado eléctrico y de telecomunicaciones, en una zona de alto interés arqueológico como es el barrio artesanal y portuario romano.
De hecho, antes de denunciar en el juzgado y en el Seprona, la Coordinadora pidió al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma que, conforme a la legislación vigente, hicieran una caracterización del suelo con carácter previo a iniciar las obras, pero sus peticiones fueron ignoradas.
