La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha elevado el tono en su denuncia contra el creciente absentismo laboral en España, al que califica como una “pandemia silenciosa” que pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas, especialmente las pymes.
Durante una cumbre empresarial celebrada en Madrid, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reclamó medidas urgentes y temporales para aliviar la carga económica que soportan las compañías. La principal demanda es que la Seguridad Social asuma el coste total de las bajas por incapacidad temporal (IT), incluyendo las cotizaciones y prestaciones de los primeros 15 días, que actualmente pagan los empleadores.
“El 69% de los procesos de IT duran menos de 15 días. Hay que exonerar a las empresas de estos procesos”, afirmó Garamendi. Además, propuso eximir al 100% de las cotizaciones a las empresas que contraten sustitutos temporales y extender estas medidas también a los autónomos.
Según los datos manejados por la patronal, alrededor de 1,6 millones de personas faltan diariamente a su puesto de trabajo, de los cuales 1,4 millones lo hacen por bajas médicas. El absentismo se ha más que duplicado en los últimos años, generando un enorme coste tanto para el sector público como privado. Cada empresa pierde de media 721 euros al año por trabajador en ausencias sin justificar.
La CEOE aboga por “remedios estructurales” que pasan por reforzar la sanidad pública con más profesionales sanitarios mejor pagados, aumentar el número de inspectores, dar más competencias a las mutuas y realizar evaluaciones periódicas a los trabajadores en baja (a los 3, 6 y 12 meses). También se ha planteado recuperar el despido por absentismo, eliminado a principios de 2020.
La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, advirtió del “problema de supervivencia” para las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no encuentran relevo para los trabajadores ausentes y se plantean el cierre. Por su parte, Lorenzo Amor, de ATA, señaló que el impacto es equivalente a que toda la población activa de varias comunidades autónomas (Castilla y León, Cantabria, Asturias y La Rioja) no acudiera a trabajar.
Aunque la mayoría de intervenciones mantuvieron un tono constructivo, destacando la necesidad de mejorar la atención sanitaria y abordar especialmente los problemas de salud mental, algunos empresarios expresaron críticas más duras. El presidente de Cecam, Ángel Nicolás, lamentó el aumento de bajas por motivos psicológicos y denunció un “porcentaje de fraude elevado”.
La CEOE insiste en que se trata de un “problema de país” que requiere un Diálogo Social “constructivo, abierto y real”. Garamendi subrayó que “detrás de cada baja médica hay una persona”, pero insistió en la urgencia de actuar para proteger la competitividad de las empresas y la sostenibilidad del sistema.
