VOX ha decidido cerrar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso con una de sus banderas políticas más controvertidas: la “prioridad nacional”. Este martes, el partido de Santiago Abascal defiende en el hemiciclo una proposición no de ley (PNL) que exige reforzar los requisitos de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio para poder acceder a ayudas públicas o a vivienda protegida.
La iniciativa, que forma parte de los acuerdos que Vox ha firmado con el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León, llega al pleno en un momento clave, con las negociaciones en Andalucía aún abiertas
VOX insiste en que los recursos del Estado deben destinarse “prioritariamente a las necesidades de los españoles”, y reclama que cualquier prestación pública se vincule a un arraigo “real, duradero y verificable”.
Entre las medidas concretas, VOX propone exigir un mínimo de diez años de empadronamiento en España para acceder a la compra de vivienda protegida y cinco años para el alquiler. Además, plantea excluir de estas ayudas a quienes hayan sido condenados por allanamiento o usurpación de viviendas en los últimos cinco años, así como a quienes se encuentren en situación irregular, salvo en casos de “urgencia vital”.
La formación también quiere que las ayudas sociales se vinculen a la trayectoria de cotización y contribución al sistema, y que se refuercen los controles para evitar que personas sin arraigo accedan a prestaciones públicas.
La semana pasada, VOX ya intentó sin éxito sacar adelante una moción similar centrada en la vivienda protegida. Ahora, con esta PNL, busca reactivar el debate político sobre la inmigración, el acceso a recursos públicos y el modelo de Estado social, en un cierre de curso parlamentario marcado por la tensión entre los socios de investidura y la presión creciente en materia de vivienda.
