Sí, hoy ha sido imputada la directora de la Guardia Civil por su relación con la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, en las cloacas de Ferraz. Mercedes González y su mano derecha, Manuel Llamas, enfrentan graves indicios de obstrucción a la justicia, prevaricación y ocultación de información en las maniobras para frenar investigaciones contra el Gobierno Sánchez.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por su presunta implicación en las denominadas «cloacas de Ferraz». Según un detallado informe de la Fiscalía Anticorrupción, ambos habrían facilitado las acciones de la asesora Leire Díez —conocida como la ‘fontanera’ del PSOE— para socavar las investigaciones que afectaban al partido y al presidente Pedro Sánchez.
Las imputaciones se sustentan, tal y como confirma un informe de El Mundo, en una acumulación de indicios documentados y ratificados por testigos ante el magistrado. Entre las claves destacan una relación personal entre González y Leire Díez. La directora reconoció, solo tras ser confrontada con pruebas, al menos dos reuniones con la asesora en los alrededores de la Dirección General, además de contactos telefónicos.
Inicialmente, el ministro Fernando Grande-Marlaska había negado cualquier encuentro. González aseguró que las conversaciones se limitaron a «temas familiares», pero las agendas de Díez coinciden con el momento álgido de las maniobras contra la Unidad Central Operativa (UCO).
Uno de los encuentros incluyó la intercesión de la ‘fontanera’ por un guardia civil imputado en el caso Koldo, lo que llevó a González a dar por concluida la cita según su versión. La Fiscalía destaca que Díez utilizó esta «relación personal» para «cumplir con los fines de la organización criminal».
Otro elemento central son los expedientes intimidatorios. La directora y el DAO impulsaron tres investigaciones internas contra miembros de la UCO por supuestas filtraciones, coincidiendo con momentos sensibles de las pesquisas. La Fiscalía las considera carentes de justificación real y orientadas a generar un «efecto intimidatorio» sobre los investigadores, lo que podría constituir delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.
Además, mandos de la Guardia Civil han declarado ante el juez sobre presiones directas en julio de 2024 para frenar la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez. El entonces director Leonardo Marcos y el propio Llamas habrían ordenado a la UCO «ponerse de perfil» y que las diligencias quedaran «en nada».
Por último, se acusa a González de ocultar información a la UCO y de desmentir ante el juez y en el Senado versiones de exmandos. Se le ocultó a la unidad una nota interna del Servicio de Información sobre las maniobras de Díez, y los testigos negaron haber sido informados por la directora de sus contactos con la asesora.
El Gobierno ha manifestado que «mantiene su confianza» en Mercedes González pese a la imputación. Este caso representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las supuestas cloacas políticas para proteger al Ejecutivo socialista, con la UCO en el centro del huracán. La causa sigue abierta y podría tener importantes repercusiones políticas y en la cúpula de la Benemérita.
