La Ley de Nietos, que permite a los descendientes de españoles obtener la nacionalidad, se ha convertido en un foco de frustración y desconfianza para miles de solicitantes en América Latina.
Según revela El Debate, cientos de personas que presentaron su solicitud hace dos o tres años siguen esperando respuesta, mientras observan cómo otros, que lo hicieron más tarde, ya han sido reconocidos como españoles.
Los consulados, especialmente el de Buenos Aires, aseguran que los expedientes se tramitan por orden de llegada, pero los afectados denuncian que no existe ningún sistema público de seguimiento que permita comprobar el avance de cada caso.
La opacidad se agrava por la negativa del ministro José Manuel Albares a cumplir una resolución del Consejo de Transparencia que le obliga a publicar las instrucciones enviadas a las sedes consulares.
El Gobierno, mientras tanto, ha acelerado el proceso mediante la contratación de la empresa pública Ineco, con el objetivo de incorporar de forma exprés a cientos de miles de nuevos españoles al censo electoral exterior. Solo en Argentina se contabilizan más de 645.000 solicitudes, una cifra que podría convertir al país en la tercera mayor concentración de españoles del mundo, tras Madrid y Barcelona.
Las denuncias se multiplican en redes sociales y foros de expatriados, donde los solicitantes reclaman claridad y justicia en el orden de tramitación. Algunos incluso advierten que descendientes mayores están falleciendo sin haber obtenido su nacionalidad por la demora.
La falta de transparencia y el hermetismo del Ministerio de Exteriores han generado una “cola invisible” que solo el Gobierno conoce, mientras crece la sospecha de que la ley se está utilizando para inflar el censo electoral exterior en beneficio político.
