La permanencia de Mercedes González como directora general de la Guardia Civil y de Manuel Llamas como director adjunto operativo (DAO) tras su imputación por el juez del caso Leire Díez ha generado una brecha profunda y de difícil solución en la cúpula del Instituto Armado.
Según informa en exclusiva ABC, la decisión del Gobierno y del Ministerio del Interior de mantener su confianza en ambos ha provocado un enorme enfado y malestar entre los mandos de la Guardia Civil.
«Es inadmisible», es la expresión que resume el sentir de uno de los altos responsables consultados por el diario. La institución permanece en ‘shock’ desde que salieron a la luz los informes de la UCO sobre el caso, y la continuidad de los dos investigados ha exacerbado el malestar interno.
La imputación de González y Llamas no sorprendió en los círculos internos, dada la evolución de la investigación. Sin embargo, la falta de ceses o relevos inmediatos ha sido interpretada como una falta de respeto hacia la Guardia Civil y hacia los miles de guardias que ven cómo sus máximos responsables operativos y políticos permanecen en el cargo pese a las graves acusaciones.
El caso Leire Díez, vinculado a las supuestas ‘cloacas’ del PSOE, ha puesto bajo presión a la cadena de mando del cuerpo. Los mandos consultados transmiten que esta situación erosiona la imagen institucional, afecta a la moral de la tropa y genera un clima de desconfianza que dificulta el normal funcionamiento de la Benemérita.
La postura del ministro Fernando Grande-Marlaska y del Gobierno de Pedro Sánchez de respaldar públicamente a los dos directivos contrasta con el sentir mayoritario en la cúpula operativa del cuerpo. Esta discrepancia pone de manifiesto las tensiones existentes entre el poder político y la institución, que tradicionalmente ha defendido su independencia y neutralidad.
Fuentes internas consultadas por ABC advierten de que la situación podría tener consecuencias a medio plazo en el funcionamiento y la cohesión del Instituto Armado, especialmente en un momento en el que la Guardia Civil enfrenta múltiples desafíos operativos y de seguridad en todo el territorio nacional.
Mientras el caso sigue su curso judicial —con la citación como investigados confirmada para el próximo 16 de julio—, la permanencia de González y Llamas en sus puestos continúa generando controversia y división. Para muchos mandos, esta decisión no solo es inadmisible desde el punto de vista ético e institucional, sino que supone un grave precedente para la autonomía y el prestigio de uno de los cuerpos de seguridad más valorados.
