Otra integrante del PSOE imputada. La presidenta socialista de Enresa, Olga García, ha sido imputada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la tramitación de un parque fotovoltaico cuya autorización, según la investigación judicial, podría haberse realizado vulnerando procedimientos esenciales y beneficiando de manera irregular a una compañía promotora. Así lo recoge El Mundo.
El juzgado que instruye el caso ha citado a García para que declare en calidad de investigada, en un movimiento que añade presión sobre la dirección de la empresa pública encargada de la gestión de residuos radiactivos en España.
La investigación se centra en un expediente administrativo que, de acuerdo con los indicios recopilados, habría sido impulsado con una celeridad inusual y sin los informes técnicos completos que exige la normativa. Según fuentes del procedimiento, la autorización del parque fotovoltaico se habría firmado pese a advertencias internas que alertaban de deficiencias en el proyecto y de la falta de garantías jurídicas para su aprobación.
El caso ha generado inquietud en el sector energético y en el ámbito institucional, dado que Enresa es una entidad estratégica sometida a estrictos controles. La imputación de su presidenta, exconsejera del PSOE en Extremadura, abre interrogantes sobre la gestión interna y sobre posibles presiones externas vinculadas a intereses empresariales.
La jueza instructora pretende esclarecer si García actuó de manera consciente para favorecer a la empresa promotora o si las irregularidades detectadas responden a fallos administrativos sin intención delictiva.
Mientras tanto, desde Enresa se ha optado por el silencio institucional, limitándose a señalar que la presidenta colaborará con la Justicia y confía en que la investigación permitirá aclarar los hechos.
El caso continúa avanzando y podría derivar en nuevas diligencias si se confirma que otros cargos, como la presidenta del PSOE, participaron en la tramitación del expediente bajo sospecha.
