Un nuevo revés judicial para el PSOE y sus redes de influencia. La Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de nulidad presentado por la defensa de Leire Díez, exmilitante socialista investigada por su presunta participación en el amaño de contratos vinculados a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). También en la conocida trama de las “cloacas del PSOE”.
El juez Santiago Pedraz ha considerado que la petición —que buscaba anular su detención de diciembre y la incautación de sus correos y dispositivos electrónicos— se presentó fuera de plazo, más de seis meses después de los hechos.
Díez argumentaba que su detención fue “desproporcionada e injustificada”, que no existían indicios de riesgo de fuga y que la Guardia Civil se llevó “lo que querían” sin justificar la relevancia de los elementos incautados. Sin embargo, tanto el magistrado como la Fiscalía Anticorrupción han desestimado estos argumentos, recordando que la defensa conocía los hechos desde el primer momento y no utilizó los mecanismos procesales oportunos en su día, como el habeas corpus.
Este caso forma parte de una investigación más amplia que salpica a las más altas esferas del Gobierno socialista. La UCO sigue desentrañando las supuestas irregularidades en contratos públicos, rescates millonarios y favores entre Moncloa, la SEPI y empresarios afines. Mientras Pedro Sánchez y sus ministros predican moralina y “regeneración democrática”, sus entornos siguen envueltos en escándalos de corrupción que demuestran el uso partidista de las instituciones del Estado.
Leire Díez, una más en la larga lista de investigados del Sanchismo, pretendía frenar la investigación alegando supuestas vulneraciones de derechos. La Justicia, afortunadamente, no se lo ha permitido. Este auto refuerza la solidez de las actuaciones judiciales y policiales frente a las maniobras dilatorias de los imputados.
Mientras tanto, los españoles siguen pagando con sus impuestos el coste de estas tramas opacas. El PSOE, lejos de dar explicaciones, opta por la estrategia habitual: victimismo, ataques a la prensa independiente y presión sobre los jueces. Pero los hechos son tozudos. La corrupción en Moncloa no es un bulo, es una realidad que la Audiencia Nacional sigue investigando con determinación. España merece un Gobierno limpio, no una banda organizada enquistada en el poder.
