Un informe policial cifra en 1,5 millones los inmigrantes irregulares en España y alerta del «efecto llamada»

La Policía Nacional maneja una estimación de 1,5 millones de inmigrantes en situación irregular en España, una cifra que, de confirmarse, supondría uno de los mayores niveles registrados hasta la fecha. Así lo publica este lunes The Objective, que cita fuentes policiales y un informe interno en el que se alerta de las consecuencias que podrían derivarse de las sucesivas regularizaciones extraordinarias aprobadas en los últimos años. Pero muy en especial esta última, la del Sanchismo.

Según la información, los responsables policiales consideran que estas medidas han generado un importante «efecto llamada», favoreciendo la llegada de nuevos inmigrantes irregulares con la expectativa de poder acceder posteriormente a procesos de regularización administrativa.

Al menos 400.000 beneficiados por la regularización

El informe recoge que alrededor de 400.000 inmigrantes en situación irregular habrían conseguido acogerse a la última regularización extraordinaria, una cifra que la Policía considera muy elevada y que habría contribuido a incrementar el volumen total de población extranjera sin residencia legal estable.

Los mandos consultados sostienen que esta circunstancia dificulta el control efectivo de los flujos migratorios y complica la labor de identificación y seguimiento de personas cuya situación administrativa continúa sin resolverse.

Advertencia sobre futuras llegadas

Las mismas fuentes policiales muestran su preocupación por las consecuencias que podrían producirse a medio plazo.

Según recoge The Objective, dentro del cuerpo existe la convicción de que la expectativa de nuevas regularizaciones puede incentivar nuevas llegadas de inmigrantes irregulares, especialmente a través de las rutas del Mediterráneo y del Atlántico, al consolidarse la percepción de que será posible obtener autorización de residencia en futuras reformas legislativas.

Esta hipótesis, conocida en el debate político como «efecto llamada», ha sido objeto de controversia durante años entre los distintos partidos y expertos en inmigración, con posiciones enfrentadas sobre si las regularizaciones favorecen realmente un incremento de los flujos migratorios.

Presión sobre los servicios públicos

El informe también advierte de que el incremento de la inmigración irregular genera una mayor presión sobre las administraciones encargadas de gestionar la acogida, la documentación, los procedimientos de extranjería y los servicios públicos vinculados a la asistencia social y sanitaria.

Los responsables policiales consideran que el fenómeno requiere una planificación a largo plazo y una coordinación más estrecha entre las distintas administraciones para evitar el colapso de los recursos destinados al control migratorio.

Debate político abierto

La publicación de estas estimaciones reabre el debate sobre la política migratoria española en un momento en el que la inmigración vuelve a situarse entre los principales asuntos de discusión pública.

Mientras el Gobierno de Sánchez ha defendido las regularizaciones como un instrumento para combatir la economía sumergida y favorecer la integración de personas que ya residen en España, sectores policiales y parte de la oposición sostienen que este tipo de medidas pueden incentivar nuevas entradas irregulares si no van acompañadas de un refuerzo del control fronterizo y de una política efectiva de retorno de quienes carecen de autorización para permanecer en el país.