La devastadora oleada de incendios forestales en España que afecta a numerosas regiones españolas ha vuelto a poner el foco sobre una cuestión que desde hace años divide el debate político: las prioridades del Estado a la hora de destinar recursos públicos.
Mientras miles de vecinos evacuados permanecen alojados desde hace días en pabellones deportivos y otras instalaciones municipales tras perder temporalmente sus hogares, las cifras oficiales muestran la dimensión del sistema de acogida para inmigrantes y solicitantes de protección internacional desplegado por el Gobierno.
Los datos del Ministerio de Inclusión reflejan que el Sistema Estatal de Acogida atendió durante 2025 a más de 124.000 personas, entre solicitantes de asilo y beneficiarios de programas de atención humanitaria. Se trata de una cifra acumulada anual, no del número de personas alojadas simultáneamente, pero da una idea de la magnitud del dispositivo estatal.
Frente a ello, las estimaciones más aceptadas por especialistas y sindicatos sitúan entre 10.000 y 14.000 los bomberos forestales que trabajan en España de forma permanente durante todo el año.
Estos profesionales no solo intervienen en la extinción de incendios, sino que dedican gran parte del invierno a labores de prevención, desbroce, mantenimiento de cortafuegos, vigilancia, quemas prescritas y gestión del combustible forestal.
En total, los distintos dispositivos autonómicos y estatales reúnen entre 18.000 y 22.000 bomberos forestales, cifra que durante la campaña estival puede aumentar hasta 22.000 o 25.000 efectivos gracias a contrataciones temporales y refuerzos.
Otro de los aspectos que vuelve al centro del debate es el uso de establecimientos hoteleros para la atención de inmigrantes.
No existe un registro oficial que indique cuántos inmigrantes en situación irregular viven actualmente en hoteles en España. Las administraciones distinguen entre inmigrantes irregulares, personas acogidas en programas de atención humanitaria y solicitantes de protección internacional, categorías que no siempre coinciden. Sí existen, sin embargo, datos parciales confirmados.
Durante la crisis migratoria de Canarias en 2023 el Gobierno llegó a contratar cerca de 4.000 plazas hoteleras, además de miles de plazas adicionales en hostales, cuarteles y otros recursos de emergencia. En 2020 llegaron a ocuparse 5.500 plazas hoteleras distribuidas en 17 establecimientos.
Las estimaciones elaboradas a partir de contratos públicos, información de administraciones y organizaciones que gestionan la acogida sitúan actualmente entre 2.000 y 4.500 personas alojadas simultáneamente en hoteles en España, dependiendo de la presión migratoria y de la disponibilidad de otros recursos. La mayor parte de las personas acogidas, no obstante, reside en centros estatales, pisos gestionados por ONG, albergues y otros dispositivos residenciales.
La comparación entre ambas realidades ha cobrado fuerza durante la actual emergencia forestal.
Mientras numerosas familias desalojadas por los incendios permanecen acogidas en pabellones deportivos, polideportivos municipales o instalaciones habilitadas por los ayuntamientos, la oposición de VOX y distintos colectivos denuncian que el Ejecutivo ha priorizado durante los últimos años la ampliación del sistema de acogida para inmigrantes frente al refuerzo estructural de los dispositivos de prevención y extinción de incendios.
Las organizaciones de bomberos forestales llevan años reclamando plantillas permanentes más amplias, estabilidad laboral y una mayor inversión en trabajos preventivos durante todo el año, argumentando que la mejor forma de combatir los grandes incendios comienza meses antes de que se produzcan.
El propio operativo estatal especializado resulta reducido en comparación con la dimensión del problema. Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), los Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) y otros recursos del Estado equivalen aproximadamente a 614 efectivos a jornada completa durante todo el año, siendo las comunidades autónomas las que soportan el grueso del dispositivo.
Las cifras reflejan dos políticas públicas de naturaleza distinta —la acogida humanitaria y la prevención de incendios—, pero su comparación se ha convertido en un argumento recurrente en el debate político.
Para los críticos con la gestión del Gobierno, el hecho de que el sistema estatal de acogida atendiera a más de 124.000 personas en 2025, mientras España mantiene entre 10.000 y 14.000 bomberos forestales permanentes, evidencia una escala de prioridades equivocada en un país que cada verano afronta incendios cada vez más destructivos y miles de evacuados.
Por el contrario, el Ejecutivo sostiene que ambas partidas responden a obligaciones legales y humanitarias diferentes y que los recursos destinados a inmigración no sustituyen las competencias autonómicas en materia de prevención y extinción de incendios.
Con todo, la sucesión de grandes incendios y las imágenes de pueblos evacuados reabren una discusión que previsiblemente seguirá marcando el debate político: si España dedica suficientes recursos a proteger sus montes y a quienes viven en ellos, o si el esfuerzo presupuestario debería reorientarse para reforzar los medios permanentes de prevención y extinción.
La realidad oficial es muy clara. En 2025, el Sistema Estatal de Acogida atendió a más de 124.000 personas a lo largo del año, incluyendo solicitantes de asilo y personas acogidas en programas de atención humanitaria. Es una cifra acumulada anual.
La cifra de 10.000 a 14.000 bomberos forestales con actividad anual es la más utilizada cuando se habla del personal que permanece operativo durante todo el año.
A partir de contratos públicos conocidos y de distintos casos publicados durante 2025 y 2026, diversos hoteles siguen funcionando como recurso de acogida en varias provincias (Almería, Aragón, Comunidad Valenciana, entre otras), aunque las ocupaciones cambian constantemente. Por ello, distintos expertos consideran que el número de personas alojadas simultáneamente en hoteles suele situarse en varios miles, no en decenas de miles.
Una horquilla prudente sería: entre 3.000 y 8.000 personas, dependiendo de la presión migratoria y de la disponibilidad de otros recursos. Debe subrayarse que esta es una estimación, no una cifra oficial.
En definitiva, no existe un registro oficial sobre inmigrantes irregulares en hoteles en España. Lo que puede afirmarse con base documental es que el alojamiento hotelero sigue utilizándose como recurso extraordinario y que, según la capacidad conocida del sistema, el volumen simultáneo se mueve previsiblemente en el entorno de unos pocos miles de personas, mientras que el sistema estatal de acogida atendió a más de 124.000 personas a lo largo de 2025.
Una aproximación razonable y basada en la información disponible sería:
| Concepto | Cifra aproximada |
| Bomberos forestales totales en España | 18.000–22.000 |
| En campaña de verano | 22.000–25.000 |
| Trabajando durante todo el año | 10.000–14.000 |
| Operativo estatal (BRIF, EPRIF, etc.) equivalente anual | ≈614 |
La cifra de 10.000 a 14.000 bomberos forestales con actividad anual es la más utilizada cuando se habla del personal que permanece operativo durante todo el año, ya que muchos de ellos dedican el invierno principalmente a labores de prevención y gestión del monte, no solo a la extinción de incendios.
No existe un dato oficial único, pero sí cifras parciales confirmadas que permiten una estimación razonable.
Entre 2023 y 2025, según Delegación del Gobierno y Cruz Roja:
En 2026, la cifra es menor, pero sigue habiendo entre 1.000 y 2.000 alojados en establecimientos turísticos reconvertidos.
Datos confirmados por prensa y ONG:
En momentos de presión migratoria:
Sumando datos confirmados y el rango habitual: Entre 2.000 y 4.500 inmigrantes irregulares están alojados actualmente en hoteles en España. Es una estimación realista, basada en cifras oficiales parciales y en la capacidad de los dispositivos de emergencia.
