La decisión del Tribunal Supremo de limitar la aplicación de las conocidas como devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla ha generado una profunda preocupación entre los mandos y agentes de la Guardia Civil destinados en la frontera sur.
Según una información publicada por The Objective, numerosos efectivos consideran que el nuevo criterio judicial puede provocar un incremento de las entradas irregulares y poner al límite la capacidad operativa del dispositivo fronterizo.
La nueva doctrina establece que el rechazo inmediato en frontera no puede aplicarse a los inmigrantes interceptados en el mar cuando intentan acceder a nado a territorio español. El Supremo interpreta que el procedimiento previsto en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería únicamente resulta aplicable a quienes intentan superar físicamente los elementos de contención fronterizos, como las vallas de Ceuta y Melilla, y no a quienes son localizados en el agua antes de alcanzar la costa.
Fuentes de la Guardia Civil consultadas por The Objective advierten de que esta situación puede incentivar la utilización de la vía marítima por parte de las mafias dedicadas al tráfico de personas. Los agentes sostienen que, si los inmigrantes deben ser trasladados a territorio nacional para iniciar los procedimientos administrativos ordinarios, aumentará considerablemente la carga de trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los servicios de acogida. Según esas fuentes, «esto va a colapsar».
La resolución judicial obliga ahora a tramitar cada caso conforme al procedimiento ordinario previsto en la legislación de extranjería, con la correspondiente identificación individual, asistencia jurídica y garantías administrativas antes de cualquier eventual devolución.
