Según los últimos datos consolidados de la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO) y el Ministerio para la Transición Ecológica, la partida destinada a prevención de incendios pasó de unos 364 millones de euros en 2009 a 175,8 millones en 2022, lo que supone un recorte de más del 51%.
La inversión pública en prevención de incendios forestales se ha reducido a la mitad en los últimos diez años, según datos publicados por La Gaceta.
El recorte ha dejado a numerosos municipios sin recursos para mantener cortafuegos, limpiar montes o realizar tareas de desbroce, lo que ha convertido amplias zonas del país en auténticos polvorines durante los veranos más calurosos de la historia reciente.
Alcaldes de pequeños municipios rurales denuncian que llevan más de 12 años sin poder ejecutar un solo cortafuegos, debido tanto a la falta de financiación como a las restricciones medioambientales impuestas por directivas europeas y estatales. “Los incendios se apagan en invierno, no en verano”, lamentan los responsables locales, que reclaman una política de prevención real y no solo medidas de emergencia cuando el fuego ya está desatado.
Expertos forestales advierten que el abandono del monte y la burocracia ambiental han eliminado prácticas tradicionales como el pastoreo extensivo, la limpieza de matorral o la quema controlada, esenciales para reducir la carga vegetal y evitar la propagación de las llamas. “La naturaleza no se gestiona sola”, señalan técnicos consultados, que recuerdan que el 80% de los incendios tienen origen humano, pero su virulencia depende del estado del terreno.
