
Fiscalía del Sanchismo lleva seis años obstaculizando la investigación del espionaje con Pegasus
Amnistía Internacional ha acusado a la Fiscalía General del Estado de obstaculizar durante los últimos seis años las investigaciones judiciales relacionadas con el denominado caso Pegasus en España.
La organización de defensa de los derechos humanos sostiene que la actuación del Ministerio Fiscal ha contribuido a ralentizar o bloquear el esclarecimiento de los hechos, privando a las víctimas de su derecho a conocer la verdad y obtener reparación.
La denuncia se recoge en un informe en el que Amnistía analiza la evolución de las causas abiertas tras conocerse el presunto espionaje mediante el software Pegasus, desarrollado por la empresa israelí NSO Group. El documento concluye que las personas afectadas llevan años enfrentándose a un «ciclo sin fin de obstáculos» para lograr que las investigaciones avancen y puedan determinarse las responsabilidades correspondientes.
Actitud de inacción
Según la organización, la Fiscalía ha mantenido una actitud de «inacción» y ha adoptado decisiones procesales que, a su juicio, han dificultado el progreso de los procedimientos. Amnistía considera que esta situación ha tenido consecuencias negativas para los derechos de las víctimas, especialmente en lo relativo al acceso a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
La investigadora de Amnistía Internacional España Virginia Álvarez afirma que las personas afectadas llevan seis años encontrándose con obstáculos que les impiden obtener una respuesta judicial eficaz, lo que genera una creciente sensación de que nunca conocerán toda la verdad sobre el presunto espionaje sufrido. La organización reclama que las investigaciones se desarrollen con independencia, diligencia y transparencia, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
Ciberespionaje
El denominado caso Pegasus saltó a la luz en 2022 tras la publicación de un informe de Citizen Lab que identificó decenas de presuntas infecciones en teléfonos móviles de dirigentes y personas. El asunto dio lugar a diversas diligencias judiciales y provocó un intenso debate político sobre el uso de herramientas de ciberespionaje por parte de organismos públicos.
Amnistía Internacional concluye que, mientras no exista una investigación exhaustiva e imparcial que esclarezca lo sucedido y depure las posibles responsabilidades, persistirá la sensación de impunidad denunciada por las víctimas. Por ello, insta a las autoridades españolas a garantizar que las investigaciones avancen de forma efectiva y conforme a los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos.


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