Dos vías judiciales acorralan al PSOE: la Audiencia Nacional estudia su imputación penal tras el verano

El PSOE afronta un arranque de curso político marcado por la presión judicial. Los magistrados de la Audiencia Nacional Ismael Moreno y Santiago Pedraz avanzan en dos piezas separadas y bajo secreto de sumario que analizan los movimientos bancarios y la contabilidad de la sede central de Ferraz.

Las pesquisas, según adelanta Artículo 14, indagan si la formación actúo como persona jurídica en posibles delitos de financiación irregular y en la trama de espionaje o desestabilización a la UCO y a la Fiscalía Anticorrupción.

1. La caja en efectivo de Ferraz y la sombra de la financiación irregular

La primera de las vías judiciales está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno. Surgida como derivación del denominado caso Koldo, la Guardia Civil (UCO) detectó discrepancias significativas entre la contabilidad oficial facilitada por el PSOE y el flujo de fondos reflejado en las intervenciones telefónicas y documentación incautada.

Entre las líneas de investigación que mantiene abiertas el magistrado destacan:

• Descuadres en los pagos en efectivo: Se rastrean entregas de dinero a Koldo García, exasesor del entonces secretario de Organización José Luis Ábalos, que no habrían quedado debidamente registradas en las cuentas del partido.
• Declaraciones testificales: La causa ha incorporado el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, así como la aportación voluntaria del empresario Víctor de Aldama respecto al presunto desvío de fondos procedentes del sector petrolero venezolano hacia la Internacional Socialista.

Fuentes cercanas al caso señalan que el instructor mantiene la causa secreta desde diciembre de 2025 y prosigue con la recabación y análisis de información bancaria antes de resolver sobre la condición penal del partido.

2. El rastro del dinero en las maniobras del ‘caso Leire’

La segunda vía la dirige el juez Santiago Pedraz al frente del Juzgado Central de Instrucción número 1. En este procedimiento se indaga el presunto uso de hasta 200.000 euros procedentes de las cuentas del PSOE para sufragar actividades dirigidas por Leire Díez —supuestamente bajo órdenes de Santos Cerdán— con el objetivo de obtener información y desestabilizar las investigaciones judiciales que afectaban al entorno de la formación.

El juzgado ha autorizado el análisis de seis cuentas bancarias del PSOE para determinar si existió delito público vinculado a la corrupción. La declaración de la gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, citada a declarar como investigada el próximo 9 de septiembre, se perfila como un hito determinante para concretar la eventual imputación de la formación como persona jurídica.