La Comisión Europea señala al Gobierno por las injerencias políticas y la falta de independencia en RTVE

La Unión Europea ha expresado su seria preocupación por la falta de independencia editorial y la persistencia de injerencias políticas en RTVE y RNE.

Según una información exclusiva publicada por El Confidencial, la Comisión Europea ha puesto el foco en la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez sobre los medios públicos españoles en su último informe sobre el Estado de Derecho, respaldando las denuncias formuladas por diversos organismos independientes y colectivos profesionales.

El documento comunitario subraya que la modificación legal impulsada por el Ejecutivo en 2024 para alterar la composición y el régimen de elección del Consejo de Administración de RTVE ha incrementado el riesgo de presiones políticas. Mientras el Gobierno defiende que el funcionamiento de la corporación es normal tras los cambios, Bruselas contrapone esta versión con las advertencias de entidades como la Fundación Hay Derecho, el Instituto Internacional de la Prensa o la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información.

Asimismo, el informe de la Unión Europea se hace eco del duro diagnóstico emitido por los propios Consejos de Informativos de TVE y RNE, que denunciaron un sesgo político continuado y el deterioro de las normas deontológicas en varios espacios informativos.

Sin independencia periodística

Estas alertas coinciden con las conclusiones del indicador Media Pluralism Monitor (MPM) de 2026, que sitúa a España en un nivel de riesgo medio-alto en materia de independencia periodística, así como con análisis del Instituto Reuters que constatan un paulatino descenso de la confianza ciudadana en el servicio público.

A las deficiencias en el ámbito audiovisual se suma el tirón de orejas de Bruselas por la parálisis legislativa en torno a la publicidad institucional.

El Ejecutivo mantiene el reparto de estos fondos bajo una normativa de 2005, lo que, según la Comisión y las asociaciones del sector, favorece el uso opaco del gasto público para ejercer influencia sobre los medios de comunicación, especialmente durante los periodos electorales.