Juventud e Infancia impulsará una Ley de Familias Acogedoras para agilizar los procesos de acogida y adopción

El Sanchismo busca dar respuesta a los cerca de 20.000 menores tutelados que se encuentran en acogimiento residencial en España
España10 de agosto de 2026 J. Bird

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros, tras el periodo estival, el proyecto de la Ley de Familias Acogedoras. La iniciativa legislativa tiene como objetivo principal agilizar, simplificar y mejorar los procedimientos de acogida y adopción en España, así como reconocer el papel fundamental que desempeñan las familias de acogida.

El proyecto de ley se ha elaborado en colaboración con asociaciones especializadas y ha encontrado una acogida favorable por parte de las comunidades autónomas, competentes en la materia. Con esta norma, el Ministerio pretende fijar un marco de mayor coordinación interterritorial y replicar las buenas prácticas desarrolladas en distintos puntos del país para optimizar la respuesta institucional y acortar los tiempos de espera.

Actualmente, España cuenta con alrededor de 20.000 niños y adolescentes en régimen de acogimiento residencial, según los datos recordados por la ministra. De esta cifra, cerca de 1.200 son menores de seis años y aproximadamente 600 no superan los tres años de edad. La meta de la ley es reducir progresivamente la presencia de menores en centros de protección e incentivar el acogimiento en entornos familiares.

Conciliación, jornada laboral y derechos políticos de los jóvenes

Durante su intervención, Rego abordó también otros pilares de su departamento. En relación con la crianza y la escolarización temprana, defendió la necesidad de poner la infancia en el centro de la organización social mediante la extensión de permisos parentales, el refuerzo de los servicios públicos de cuidado y la reducción de la jornada laboral, medida que consideró también beneficiosa para el bienestar infantil.

Asimismo, la ministra avanzó avances en las negociaciones de la futura Ley de Juventud, en la que se plantea implantar de forma progresiva el derecho al voto a partir de los 16 años, tomando como primer horizonte las elecciones europeas de 2029.

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