El Gobierno de España ha anunciado la implantación de controles fronterizos para todos los viajeros procedentes de Italia en los puertos y aeropuertos del país.
La medida entra en vigor a partir de la medianoche de este sábado y se mantendrá de forma inicial hasta el próximo 7 de septiembre, fecha en la que podría prorrogarse o modificarse en función de la evolución de la situación diplomática y migratoria.
Además, las inspecciones, que serán ejecutadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de España de manera aleatoria, se centrarán en la comprobación de identidad, nacionalidad y la validez de los visados o permisos de residencia en el caso de ciudadanos ajenos a la Unión Europea.
Por otro lado, desde el Ejecutivo español se justifica esta decisión como una respuesta temporal e imprescindible ante la «persistente presión migratoria irregular» que afronta el país transalpino, pero también como réplica a la actuación previa del Gabinete de Giorgia Meloni.
Italia había suspendido unilateralmente la libre circulación con España el pasado 1 de agosto tras el cruce masivo de inmigrantes registrado en Ceuta desde Marruecos.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, ha tildado la postura italiana de «injustificada». También carente de fundamento legal.
Desde el Gobierno argumentan que la situación migratoria en Ceuta se encuentra plenamente encauzada. Recuerdan que la ciudad autónoma cuenta con un régimen especial dentro del espacio Schengen. Impide el tránsito libre del flujo migratorio hacia el resto del continente europeo.
Al mismo tiempo, la diplomacia española subraya que la inmensa mayoría de los recién llegados a Ceuta ya ha sido retornada a Marruecos.
En su argumentación, Moncloa denuncia que Roma adoptó la medida sin previo aviso y empleando motivos «espurios». Las autoridades españolas recuerdan que Italia lidera las estadísticas de Frontex en cruces irregulares en los últimos años, llegando a duplicar las cifras registradas en España.
Critican que el Ejecutivo italiano lleve desde 2022 sin aplicar estrictamente el Reglamento de Dublín, lo que sobrecarga a otros socios comunitarios.
Pese a ello, España defiende su histórico compromiso de solidaridad en el Mediterráneo central, contraponiéndolo a la actuación del Gobierno de Meloni en esta escalada tensionadora.
