La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha abierto una nueva línea de investigación en el caso SEPI: la posibilidad de que los principales implicados en la trama —el llamado clan Hirurok, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso— hayan ocultado parte de su patrimonio en criptomonedas, un método que complica el rastreo y la identificación de los fondos.
Según un oficio fechado el 2 de junio de 2026, al que tuvo acceso Libertad Digital, la UCO solicitó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz autorización para acceder, analizar y, si fuera necesario, transferir los criptoactivos encontrados en los dispositivos electrónicos intervenidos durante los registros, entre ellos el de la empresa Tubos Reunidos.
El documento policial detalla que los agentes debían estar facultados para: Acceder a exchanges y plataformas digitales halladas en ordenadores y móviles: Analizar billeteras virtuales y movimientos de criptoactivos; Y transferir fondos a billeteras controladas por la Guardia Civil para asegurar su custodia.
La UCO advertía de que las criptomonedas pueden ser utilizadas para ocultar mordidas y pagos ilícitos, ya que permiten mover dinero sin intermediarios bancarios y con una trazabilidad limitada.
Esta hipótesis encaja con el patrón de actuación del clan Hirurok, investigado por presuntamente cobrar comisiones ilegales a cambio de influir en adjudicaciones públicas vinculadas a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda.
La investigación se centra en si los tres miembros del clan, vinculados al PSOE, utilizaron su influencia en la SEPI para amañar contratos y ayudas públicas, obteniendo beneficios económicos a través de empresas interpuestas. La trama ya ha derivado en registros, imputaciones y en la apertura de una macrocausa que podría involucrar a decenas de personas.
El caso se conecta con otras líneas de investigación sobre presunta corrupción en el organismo público, incluyendo rescates empresariales cuestionados y supuestas redes de clientelismo político.
La UCO también pidió autorización para intervenir: discos duros, nubes de almacenamiento, servidores remotos y cuentas digitales
Fuentes jurídicas citadas por Libertad Digital señalan que las investigaciones con criptomonedas suelen requerir cooperación internacional, ya que los exchanges pueden estar ubicados en otros países y sujetos a legislaciones distintas.
El oficio especifica que, una vez asegurados los fondos, las billeteras creadas por la Guardia Civil serían entregadas a la autoridad judicial como: hardware wallets (billeteras frías) y frases semilla para su restauración.
Todo ello documentado en acta por el Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).
