JAVIERUn nuevo documento reabre el caso Maricarmen, la anciana cuyo desahucio dio nombre al decreto de vivienda del Gobierno. Según destapa OKDiario en una información exclusiva, María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, figuraba como consejera de una sociedad inmobiliaria con un capital de 950 millones de pesetas en 1994. El dato se ha conocido ahora, a partir de los estatutos de la empresa depositados en el Registro Mercantil de Madrid.
La sociedad se llamaba JINUR S.A. y, según la nota del Registro Mercantil citada por el medio, su objeto era la realización de inversiones en bienes inmuebles y su explotación en forma de arrendamientos, además de la urbanización y parcelación de solares.
Su capital social ascendía a 950 millones de pesetas, unos 5,7 millones de euros al cambio oficial y unos 12 millones de euros actuales si se aplica la inflación, una estimación del propio medio. Los estatutos fijan 950.000 acciones al portador de 1.000 pesetas de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
El artículo destaca que las acciones al portador no identificaban a su titular, de modo que los propietarios reales no eran visibles para el público. Según los estatutos, los títulos se emitían en libros de talonarios firmados por dos administradores, uno de ellos el presidente del consejo, y mientras no se imprimían los resguardos definitivos los accionistas podían recibir resguardos provisionales.
Según el registro, Maricarmen fue nombrada consejera el 1 de julio de 1994 en una Junta Universal de Accionistas, junto a otros tres consejeros, y ejerció además como vicesecretaria del consejo. Todos ellos procedían de FIEBA S.A., otra sociedad de inversión con la que JINUR se fusionó. El reportaje añade que Maricarmen fue administradora única de FIEBA durante varios años.
El consejo aceptó su dimisión como vicesecretaria el 1 de julio de 1995. En el año 2000, JINUR se fusionó con BASCADI S.A., otra inversora inmobiliaria, y su nombre desapareció.
El eje de la información es el contraste con la imagen pública del caso. El Gobierno eligió el nombre de Maricarmen para su decreto de vivienda, y ella era una inquilina desahuciada que había vivido unos 20 años en un piso de renta antigua en el barrio de Retiro. OKDiario subraya que esa misma mujer se sentó en el consejo de una empresa con un capital considerable cuyo negocio era comprar inmuebles para alquilarlos. Esa lectura es una interpretación editorial del medio.
LaBandera ya había informado de que Maricarmen pagaba solo 204 euros de alquiler al mes por su piso de 90 metros en pleno Retiro y de que tuvo un chalet en la sierra de Madrid que terminó en subasta por una deuda hipotecaria.
Conviene ser precisos. Figurar como consejera en un registro no acredita por sí mismo que Maricarmen fuera accionista de JINUR ni que se beneficiara de sus rentas, y el reportaje no aporta documentos sobre su participación económica. Tampoco incluye una respuesta de la familia de Maricarmen, de su representación legal, de JINUR, de BASCADI, de FIEBA ni del Gobierno, y no indica si se les pidió una valoración.
Maricarmen murió a los 87 años tras permanecer hospitalizada desde su desahucio, como contó LaBandera en su fallecimiento, por lo que ya no puede explicar su versión. Quedan por aclarar varias preguntas: qué participación tuvo, si conservó acciones, qué fue de aquel patrimonio y si el Gobierno conocía estos datos cuando convirtió su caso en bandera de su decreto de vivienda.
