La tensión dentro del Ministerio Fiscal vuelve a dispararse, y esta vez el foco apunta directamente a Teresa Peramato, fiscal general del Estado. La Asociación de Fiscales (AF) —la mayoritaria y tradicionalmente defensora de la independencia del Ministerio Fiscal— ha enviado una carta contundente a Peramato exigiendo explicaciones por el documento remitido a la Comisión Europea en el que, según infoLibre, la Fiscalía cuestiona la actuación del Tribunal Supremo en el caso de su antecesor, Álvaro García Ortiz, condenado por prevaricación.
La AF reclama saber si Peramato ha trasladado a Bruselas una versión que deslegitima al Supremo, su independencia y su actuación en un asunto que afecta a un particular. Y, sobre todo, por qué ha decidido incluir esas consideraciones en una respuesta institucional que debería limitarse a ofrecer datos objetivos sobre el funcionamiento de la Justicia española.
El comunicado de la AF es demoledor. Aunque reconoce que la Fiscalía “puede y debe ser examinada por las instituciones europeas”, advierte de que no puede convertirse en un instrumento político ni en un actor de las controversias nacionales. Y eso es, precisamente, lo que reprochan a Peramato: haber utilizado una consulta europea para cuestionar a otro órgano constitucional, el Tribunal Supremo, en un caso que afecta directamente a la cúpula fiscal.
El documento enviado a Bruselas —según la filtración publicada por infoLibre— habla de “irregularidades” en la instrucción y juicio contra García Ortiz y sugiere una “percepción de influencia política” en el Supremo. Una acusación gravísima que, de confirmarse, supondría que la Fiscalía General del Estado está erosionando la credibilidad del Poder Judicial ante Europa para defender a quien fue su máximo responsable.
