La crisis migratoria de Ceuta continúa generando un terremoto político y operativo dentro del Gobierno. Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil han exigido explicaciones inmediatas al Ministerio del Interior tras conocerse que el CNI habría emitido avisos previos sobre una posible entrada masiva de migrantes el 30 de julio, alertas que —según aseguran los propios cuerpos— nunca llegaron a quienes debían actuar sobre el terreno. Así lo confirma ABC.
“No recibimos esas informaciones”, afirma uno de los jefes policiales consultados, que sostiene que, de haber tenido constancia de un apoyo masivo a un asalto a la ciudad, se habría desplegado un operativo reforzado “para evitar poner en riesgo la vida de los agentes”.
La confrontación pública entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha encendido los ánimos dentro de las fuerzas policiales. Robles aseguró que el CNI sí compartió información con las fuerzas de seguridad y la Delegación del Gobierno; Interior lo niega. Para los mandos consultados, esta contradicción sobre Ceuta es “gravísima”.
“Estamos ante un fallo de previsión y coordinación que el Gobierno tiene la obligación de aclarar y asumir”, señalan fuentes policiales. La sensación es unánime: si hubo información y no se actuó, es un error político de primer orden; si la información existió pero no llegó a quienes debían tomar decisiones, el fallo es igual de grave.
El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha sido tajante: “Lo que estamos conociendo es gravísimo. Si el CNI informó a Interior y Jupol ya había advertido del incremento de llegadas, ¿cómo puede el Gobierno seguir hablando de una situación imprevisible?”.
Rivero insiste en que el problema de Ceuta no fue la falta de datos, sino la falta de reacción. Reclama que se aclare qué información recibió Interior, cuándo la recibió y por qué no se reforzó la frontera.
El SUP coincide: “Queremos saber qué información había sobre la mesa y por qué no se actuó preventivamente”.
La AUGC considera que Robles y Marlaska han ofrecido “versiones incompatibles” sobre el punto más determinante de la crisis de Ceuta. Si Robles tiene razón, alguien decidió no reforzar el dispositivo pese a tener el aviso. Si Marlaska tiene razón, el Estado no detectó una movilización que “llevaba semanas organizándose a la vista de todos”.
La asociación Jucil añade que el llamamiento para entrar en Ceuta era “vox pópuli” en redes sociales y que los propios ciudadanos lo comentaban abiertamente. Si se confirma que hubo informes que advertían de una posible avalancha de hasta 180.000 personas, no actuar habría supuesto “exponer de manera inadmisible la integridad física de los guardias civiles”.
La IGC remarca que los agentes de Ceuta “no recibieron ninguna instrucción ni aviso” y que todo les pilló por sorpresa, pese a haber detectado un incremento de presión migratoria días antes.
La crisis ha abierto una brecha interna en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, mientras Ceuta continúa reclamando orden, seguridad y deportaciones inmediatas para quienes no tengan derecho a permanecer en España.
Los cuerpos policiales coinciden en una idea: “Estos episodios se detectan mucho antes en el origen que en la orilla. Lo que está en cuestión no es el trabajo de los agentes, sino qué se hizo con la información disponible”.
