El lanzamiento del Portal de Vivienda del Gobierno, presentado por la ministra Isabel Rodríguez como una herramienta “que va a cambiar las reglas del juego”, ha derivado en una inesperada controversia diplomática. La aplicación, desarrollada por la empresa pública Casa47, incluye un mapa interactivo en el que el Sáhara Occidental aparece integrado en Marruecos y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla figuran con una línea discontinua, símbolo cartográfico de territorio en disputa.
La representación contradice la posición oficial de Naciones Unidas, que mantiene al Sáhara Occidental en su lista de Territorios No Autónomos pendientes de descolonización desde 1963. En el mapa del portal, no existe frontera alguna entre Marruecos y el Sáhara, lo que sugiere una unidad territorial completa. Esta omisión, aparentemente técnica, tiene implicaciones políticas y jurídicas de gran alcance: la ONU y la Unión Europea reconocen el Sáhara como un territorio “separado y distinto” del Reino de Marruecos, y el Tribunal de Justicia de la UE ha reiterado esa diferenciación en varias sentencias, la última en 2024.
La polémica se agrava por el contexto político. El incidente llega en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada masiva de más de 80.000 personas desde Marruecos a finales de julio, y después de que el ministro marroquí de Justicia, Abdelatif Ouahbi, reclamara públicamente la “soberanía histórica y geográfica” de Ceuta y Melilla. En ese escenario, la aparición de un mapa oficial que parece avalar la tesis marroquí ha generado inquietud tanto en la oposición como en círculos diplomáticos.
El error cartográfico también revive el debate sobre el giro de Pedro Sánchez respecto al Sáhara Occidental en 2022, cuando el presidente respaldó la propuesta marroquí de autonomía como “la más seria, realista y creíble”. Hasta entonces, España había mantenido una postura de “neutralidad activa”, defendiendo el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
Expertos en derecho internacional advierten que presentar el Sáhara como parte de Marruecos vulnera la terminología oficial de la ONU y la UE, y podría interpretarse como una validación implícita de la soberanía marroquí sobre un territorio cuyo estatus sigue sin resolverse. La línea discontinua en Ceuta y Melilla, por su parte, sugiere una ambigüedad que no existe en la legislación española, donde ambas ciudades son reconocidas como parte integral del Estado.
El Ministerio de Vivienda no ha emitido aún una aclaración sobre el origen del mapa ni sobre si se procederá a su corrección. La controversia, sin embargo, ha reabierto el debate sobre la política exterior española y la gestión simbólica de sus fronteras.
