El Gobierno del Sanchismo y la dirección del PSOE han abierto un nuevo frente contra el Poder Judicial, esta vez por la investigación de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye el caso, ha sido objeto de una ofensiva política sin precedentes por parte de ministros y portavoces socialistas, que han puesto en duda su imparcialidad y han señalado su pasado como concejala del PP.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el primero en disparar contra la magistrada durante una entrevista en Hora 25 (Cadena SER). Aseguró que Tardón “ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad” y calificó de “extraño” que la jueza ordenara a la Policía no transmitir a sus mandos las conclusiones del informe del CENIF sobre la avalancha migratoria, alegando que son “cuestiones de seguridad nacional”.
Puente insinuó que la magistrada desconfiaba del Gobierno y que eso “habla muy mal de su imparcialidad”, vinculando sus críticas al hecho de que Tardón fue concejala del Ayuntamiento de Madrid durante un mandato del PP.
La portavoz socialista Montse Mínguez reforzó las acusaciones. En RNE afirmó que la jueza “tiene el pasado que tiene” y que la investigación “ha empezado regulín”. Acusó además a Tardón de haber remitido el informe policial a un medio “con tufo de derechas” antes de que llegara al Gobierno, insinuando una filtración interesada.
Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, también cuestionó la actuación de la magistrada y sugirió que la filtración del informe “casualmente” se produjo justo antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso.
La jueza Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, abrió diligencias tras recibir un informe del Centro Nacional de Información y Fronteras (CENIF) que describe indicios de planificación previa, “guiado activo” de inmigrantes y una “gestión favorecedora” desde Marruecos. La magistrada investiga posibles delitos contra la integridad territorial, homicidios imprudentes y organización criminal.
El informe no atribuye directamente la operación al Gobierno marroquí, pero sí recoge actuaciones de gendarmes que habrían facilitado el desplazamiento masivo hacia la frontera española.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido a la magistrada y ha acusado al Ejecutivo de intentar desacreditarla porque la investigación apunta a conclusiones incómodas. “Me fío mucho más de la jueza que de los informes que desclasifique el Gobierno”, afirmó.
El caso Tardón se suma a una larga lista de episodios en los que el PSOE ha cuestionado a jueces, fiscales o tribunales cuando sus decisiones no favorecen al Gobierno: desde el Supremo y el Constitucional hasta la Audiencia Nacional o el CGPJ.
La ofensiva contra la magistrada de Ceuta vuelve a poner en evidencia la tensión institucional y el desgaste del respeto al Poder Judicial, un pilar esencial del Estado de derecho que el Ejecutivo parece dispuesto a erosionar cuando sus conclusiones no encajan con el relato oficial.
