El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha emitido una sentencia desfavorable para la Agencia Tributaria al reconocer el derecho de un agricultor a recibir la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo bonificado empleado en su actividad.
La resolución, dictada el pasado 23 de julio de 2026, ordena el reembolso de 4.810,29 euros más intereses, revocando la negativa inicial de Hacienda, que argumentaba que el afectado no había acreditado contar con depósitos debidamente legalizados.
El alto tribunal autonómico ha fijado que la ausencia de tramitación o legalización de las instalaciones de almacenamiento no justifica la pérdida del beneficio fiscal, siempre que quede probado que el combustible se adquirió y destinó de forma efectiva a labores agrícolas o ganaderas.
Este fallo judicial cobra relevancia ante la existencia de alrededor de 5.000 expedientes de comprobación abiertos por la Administración en la comunidad, muchos de los cuales terminaron en la denegación del abono debido a discrepancias sobre la capacidad o ubicación de los tanques.
Tras la resolución, la organización agraria UPA Castilla y León ha solicitado una reunión urgente con la Delegación del Gobierno para exigir que la Agencia Tributaria aplique este criterio jurisprudencial de forma inmediata.
Desde la entidad denuncian el impacto económico sobre miles de profesionales del campo a los que se les ha denegado este derecho por meras deficiencias formales, reclamando la devolución sistemática de las cantidades retenidas a todos los afectados.
