El Día Internacional del Lobo Ibérico llega este año en plena inestabilidad jurídica y política en España. La especie, cuya gestión ya era compleja, atraviesa ahora un momento especialmente tenso por los cambios legales recientes y por la disputa abierta entre el Gobierno central y las principales comunidades loberas sobre su estado de conservación.
Desde 2021, el lobo está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Sin embargo, una reforma aprobada en 2025 lo excluyó de este régimen al norte del Duero, devolviendo a las autonomías parte del control sobre su gestión.
El resultado ha sido un mapa fragmentado, con comunidades que permiten controles letales y otras donde la caza está paralizada por decisiones judiciales.
La tensión se disparó en junio, cuando las comunidades aprobaron el informe sexenal elaborado por la Xunta de Galicia, que concluye que el lobo se encuentra en un estado de conservación favorable. Solo el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y Cataluña votaron en contra, mientras que Castilla-La Mancha y País Vasco se abstuvieron.
El último recuento oficial (2021-2024) cifra en 333 las manadas de lobo en España. Las autonomías consideran que esta cifra permite habilitar su caza, mientras que el Gobierno se remite al umbral de 500 manadas fijado por la Comisión Europea para considerar un estado de conservación favorable.
La fragmentación es evidente:
La organización ecologista WWF critica que las autonomías aplican una interpretación “interesada y política” para justificar los controles. Su coordinador, Luis Suárez, asegura que “no hay evidencia científica” de que matar lobos reduzca los conflictos y reclama un modelo centrado en la coexistencia con las comunidades rurales.
En un día dedicado a la conservación del lobo ibérico, España exhibe un escenario de choque institucional, fragmentación legal y debate científico, con Bruselas pendiente de recibir un informe clave para evaluar el futuro de la especie.
El Miteco defiende su informe alternativo, basado en datos autonómicos y documentación científica, y sostiene que es el único que cumple los criterios metodológicos exigidos por la Comisión Europea. La Xunta acusa al Gobierno de dilatar injustificadamente el envío del informe a Bruselas, recordando que España ya afrontó un procedimiento de infracción por retrasos en 2025.
