El juicio contra Begoña Gómez entra en una nueva fase y podría convertirse en uno de los grandes asuntos políticos de los próximos meses. La periodista de El Mundo Ángela Martialay ha analizado este martes en Herrera en COPE los plazos que se manejan para la celebración de la vista después de que el juez Juan Carlos Peinado haya decretado la apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez.
Martialay apunta a un horizonte aproximado de seis a ocho meses para la celebración del juicio, aunque la fecha definitiva dependerá ahora de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá tramitar la causa y fijar el calendario. Otras estimaciones publicadas este martes sitúan el margen en términos similares, entre cuatro y ocho meses.
El escenario adquiere una dimensión política especialmente relevante por el momento en el que podría celebrarse la vista. El proceso podría coincidir con una etapa decisiva de la legislatura y con la proximidad de las elecciones previstas para 2027.
Peinado ha acordado enviar a juicio a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, mientras que su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, será juzgada por el presunto delito de malversación. La causa será examinada por un jurado popular, después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara que los hechos objeto del procesamiento podían ser juzgados mediante este procedimiento.
La apertura de juicio oral supone el final de una investigación iniciada hace más de dos años. La Fiscalía, sin embargo, mantiene una posición muy diferente de la acusación popular: mientras Hazte Oír solicita 13 años de prisión para Gómez, el Ministerio Público reclama su absolución.
El proceso llega además después de que la Audiencia Provincial limitara los delitos por los que debía ser juzgada Gómez a tráfico de influencias y malversación, descartando otras imputaciones planteadas anteriormente durante la instrucción.
La propia Martialay ha apuntado durante su intervención en COPE al posible efecto movilizador que el juicio puede tener sobre el Gobierno y su entorno político. El procedimiento llega, además, en un momento en el que el PSOE y Moncloa han reaccionado con dureza contra la actuación del juez Peinado.
Ferraz ha defendido que Gómez es inocente y ha calificado la investigación de persecución judicial y política. Moncloa, por su parte, ha denunciado una instrucción que considera «arbitraria e injusta».
Desde el entorno socialista se han multiplicado además las acusaciones de lawfare contra determinados sectores judiciales, mientras que las acusaciones populares y las partes que sostienen la existencia de indicios delictivos mantienen sus posiciones.
El calendario será ahora determinante. Si las previsiones de seis a ocho meses se cumplen, el juicio podría celebrarse en un momento políticamente especialmente sensible, convirtiendo el caso Begoña Gómez en uno de los asuntos judiciales con mayor repercusión pública de la recta final de la legislatura.
La incógnita ya no es si la esposa del presidente llegará al banquillo: esa decisión ya está tomada. La cuestión es cuándo comenzará el juicio y qué consecuencias políticas tendrá para Sánchez un proceso en el que su esposa se sentará ante un jurado popular.
