Pedro Sánchez acudirá al Congreso con un dispositivo policial reforzado y con mayores restricciones para los ciudadanos que circulen por los alrededores del Palacio de las Cortes. Una nueva «Instrucción de servicio» de la Policía Nacional, destinada a las sesiones plenarias cuando esté presente el presidente del Gobierno, establece cortes de calles, desvíos de peatones y controles de permanencia en el espacio público.
El protocolo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, contempla establecer cinco puntos de corte antes de la llegada de Sánchez, con participación del personal del propio Congreso, que deberá hacerse cargo de las aceras contiguas al edificio. Los ciudadanos que no estén autorizados, además de residentes y comerciantes de la zona, serán desviados hacia calles alternativas como Santa Catalina y Fernanflor.
La medida va más allá de garantizar únicamente los accesos al Congreso. Una vez que Sánchez haya entrado en el edificio, la instrucción establece que se permita nuevamente el tránsito, pero ordena a los agentes «impidiendo que se detengan personas», tanto individualmente como en grupo. Antes de la salida del presidente, el dispositivo vuelve a activarse y los cortes se restablecen hasta que abandone la zona de influencia inmediata.
El sindicato policial JUPOL ha cuestionado duramente estas instrucciones. Según la organización, los agentes de la Unidad de Intervención Policial encargados de aplicarlas consideran el dispositivo «absolutamente desproporcionado» y denuncian que convierte el entorno de una institución democrática en un espacio prácticamente inaccesible durante la presencia del presidente.
JUPOL reclama a la Dirección General de la Policía que explique quién estableció las nuevas directrices, qué criterios objetivos justifican el despliegue y qué garantías existen para evitar restricciones excesivas. El sindicato recuerda además que la Policía debe garantizar simultáneamente la seguridad y los derechos de los ciudadanos.
El episodio llega en un momento de creciente contestación pública a Sánchez y a miembros de su Gobierno. El nuevo protocolo plantea así un escenario especialmente llamativo: para proteger al presidente, se amplía el perímetro policial, se limita el movimiento de los ciudadanos y se impide que estos permanezcan agrupados en las inmediaciones del Congreso.
Desde una perspectiva institucional, el debate queda abierto sobre cuál debe ser el equilibrio entre la protección de un jefe del Ejecutivo y el derecho de los ciudadanos a circular y permanecer en el espacio público.
